La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado rechaza de plano la propuesta de "financiación singular" que persigue la Generalitat de Cataluña para gestionar y recaudar todos los impuestos que se pagan en la comunidad. La asociación —en la que están inscritos el 70% de los inspectores del país— cree que el planteamiento es inconstitucional, rompe con los principios de solidaridad entre territorios y dejaría a Cataluña en una situación de privilegio respecto al resto de comunidades autónomas, que verían mermados sus servicios públicos. Además, defienden que, de llevarse a cabo, provocaría la fragmentación de la Agencia Tributaria (AEAT) y podría abrir la puerta a la deslocalización de contribuyentes. Algo que perjudicaría la lucha contra el fraude, ralentizaría procesos y entorpecería la recaudación de impuestos.
Así lo refleja el organismo en un informe publicado este lunes en el que se desgranan, desde su punto de vista, cuáles serían las consecuencias de la independencia fiscal de Cataluña. "Las deficiencias del modelo [de financiación autonómica] actual no pueden justificar que Cataluña se salga de él", ha planteado José María Peláez, vocal de la asociación, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el documento. La independencia fiscal plena, como reclama Cataluña, "llevaría a unos privilegios que no tendrían otras comunidades", ha defendido el inspector.
Respecto a la legalidad de la iniciativa de la Generalitat, los inspectores conceden que una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) no tendría por qué ser inconstitucional. Sí lo sería, en cambio, el hecho de que Cataluña dejase de contribuir al reparto de fondos entre comunidades y el resto de comunidades saliesen perjudicadas. Algo que iría en contra de los principios de igualdad, solidaridad y garantía de un nivel mínimo de servicios públicos recogidos en la Carga Magna.
"La Constitución no ampara un régimen fiscal especial aplicable solo en una determinada comunidad autónoma, en este caso Cataluña, por mucho que quieran decir que este territorio tiene una singularidad fiscal", señalan los inspectores. La única excepción, son los regímenes forales de País Vasco y Navarra.
Además, señalan que el trato diferenciado a una comunidad abriría la puerta a que otras autonomías que aportan más recursos de los que luego reciben por el sistema de financiación (Madrid y, en menor medida, Baleares) tuvieran incentivos para pedir un trato similar. Un movimiento que terminaría en la práctica con el sistema de financiación actual y restringiría la capacidad del Estado de cohesionar el territorio a través de sus recursos. "El Estado se quedaría sin fondos para lograr las funciones que le atribuye la Constitución. Tendríamos 17 comunidades recaudando 250.000 millones, los gastos se pagarían entre todos. En la práctica supone la desaparición del Estado", sostiene José María Peláez.
Los inspectores han mostrado su preocupación por la respuesta ambigua con la que diferentes miembros del Gobierno han recibido la propuesta de la Generalitat. "Nos preocupa que nadie a nivel oficial salga diciendo: esto es una barbaridad y no se va a llevar a cabo", ha señalado José María Peláez.
El pasado jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eludió hasta en tres ocasiones la cuestión de si un modelo como el que pretende la Generalitat sería viable en la práctica. Montero se limitó a señalar que el Ejecutivo solo dará su visto bueno a un sistema de financiación que garantice que hay recursos suficientes para todas las comunidades autónomas, pero sin descartar abiertamente la propuesta de la Generalitat.
Lucha contra el fraude
Otra de las derivadas que tendría la independencia fiscal de Cataluña sería la dificultad añadida para la Agencia Tributaria (AEAT) para luchar contra el fraude. La vicepresidenta primera de la asociación de inspectores, Teresa Benito, ha defendido que la joya de la corona de la AEAT son su sistema de información y bases de datos, que se fragmentarían si se creara una suerte de agencia tributaria catalana. Esto restaría eficacia a la lucha contra el fraude fiscal, defienden los inspectores.
La asociación sostiene que la falta de acceso a las bases de datos de los regímenes forales ya dificulta la lucha contra el fraude. "Todo lo que se refiere a País Vasco es un agujero negro", defiende José María Peláez. Al tratarse de territorios cuya economía supone entre el 6 y el 7% del PIB el efecto es limitado, sin embargo, si Cataluña lograra la independencia fiscal el efecto sería mucho mayor, pues representa alrededor del 20% del PIB nacional. La separación de la AEAT también afectaría al sistema de caja única. Las retenciones y los pagos se hacen de forma centralizada, lo que facilita la agilidad, por ejemplo, en las declaraciones de la renta.
Además, la autonomía fiscal plena de Cataluña podría también incentivar la competencia fiscal a la baja. Si el Govern optara por una política de impuestos bajos, los contribuyentes podrían optar por relocalizarse en la comunidad para pagar menos. Algo que ya ocurre con los grandes patrimonios en la Comunidad de Madrid por su política de impuestos bajos. No obstante, la diferencia sería grande dado que Cataluña contaría con una capacidad normativa infinitamente superior a la que actualmente tienen las comunidades de régimen común.
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