El Defensor del Pueblo ha alertado de "retrasos muy acentuados" en la valoración del grado de discapacidad, según se desprende de su informe anual correspondiente a 2023, presentado en el Congreso de los Diputados y al que ha tenido acceso Europa Press.

"El Defensor del Pueblo ya ha venido haciendo referencia a lo largo de los años, pero hay que subrayar el hecho de que el número de quejas recibidas a este respecto se ha triplicado desde 2019. En la tramitación de las quejas recibidas en 2023 se pudo constatar unos retrasos muy acentuados para la primera valoración o revisión de grado en varias provincias o comunidades autónomas", asegura.

En este sentido, expone que los períodos de espera dan lugar a situaciones "muy difíciles" para muchas personas que, "además de hacer frente a las limitaciones en la vida diaria que les impone su discapacidad, ven obstaculizado y demorado su acceso a diversas prestaciones sociales y ayudas que les pueden resultar imprescindibles".

Con el objetivo de poner en marcha esta normativa, el Defensor del Pueblo precisa que la mayoría de las comunidades autónomas informaron que llevarían a cabo el desarrollo de una nueva herramienta informática, la contratación de más personal (Región de Murcia, Cataluña, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Navarra, Galicia) o la creación de nuevos centros de valoración (Extremadura).

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Asimismo, el documento hace referencia al Real Decreto que actualiza el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que entró en vigor en abril de 2023. Su aprobación indica que ha supuesto para los órganos competentes "la necesidad de adaptar los instrumentos empleados en la valoración, así como el desarrollo de una formación específica al personal encargado de esta tarea".

"Errores no deseados" en la migración de datos

En este sentido, añade que desde Castilla-La Mancha se indicó que había habido una reducción de cinco meses en la lista de espera, pero en otros casos, agrega que se ha tenido conocimiento de que se estaban produciendo "errores no deseados" en la migración de datos entre las herramientas informáticas.

Además, destaca que en Asturias no se estaban pudiendo emitir resoluciones administrativas, y se efectuaban "meras comunicaciones" a los interesados sobre su grado de discapacidad, unas comunicaciones a las que otras administraciones no confieren el valor jurídico de una resolución administrativa. Además, esta comunidad informó sobre el traspaso de la función de valoración a la Consejería de Salud.

También recuerda que en los supuestos de revisión del grado, cuando no se resuelva en plazo, por causas ajenas a la persona interesada, se ha de mantener el grado de discapacidad previamente reconocido hasta que se dicte la resolución. Con ello apunta que se ha de evitar la suspensión de expedientes administrativos como se viene produciendo en los de prestación por hijo a cargo, tramitada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o en los de acceso a los servicios y prestaciones de atención temprana para niños con discapacidad.

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