La vivienda en la que reside la presidenta actual de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva más de una semana en el centro de la polémica. El inmueble está a nombre de su pareja sentimental, Alberto G. A., que está siendo investigado por dos presuntos delitos de fraude fiscal y por otro de falsedad documental por un juzgado de Instrucción de la capital. Por ello, desde la oposición madrileña, desde el Gobierno central y desde otros partidos políticos censuran esta situación y se reclama insistentemente la dimisión de Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad esquiva estas peticiones y el jueves, desde el pleno de la Asamblea, también rechazó que continuamente se estuviera hablando de lugar de residencia. Y lo hizo resucitando un debate algo antiguo, el que versa sobre si la Administración autonómica madrileña debería tener un edificio o vivienda oficial para que viva la persona que ocupe su Presidencia mientras permanezca en el cargo.
"Catorce ministros a los que les pagamos absolutamente todo", comenzó diciendo Díaz Ayuso. "A lo mejor lo que tendría que empezar a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid es sufragar una vivienda oficial para el presidente", señaló a continuación, "evitaríamos que ustedes siguieran haciendo este escarnio bochornoso", agregó.
Esta no es la primera vez que esta cuestión aterriza en el debate público. Durante el confinamiento estricto de los primeros meses de la pandemia, Isabel Díaz Ayuso dio positivo en coronavirus y decidió confinarse en un apartahotel. Según se explicó entonces, este traslado lo motivó que el que era su domicilio por aquel entonces no reunía las características para seguir con su trabajo al frente del Gobierno regional.
Aquella estancia estuvo rodeada de polémica, esencialmente por quién corría con los gastos de la estancia y por las relaciones contractuales de la cadena Room Mate, propietaria de los apartamentos, con la Comunidad. Pero de fondo también emergió el hecho de que Madrid no contara con una vivienda oficial para sus máximos dirigentes.
Estos inmuebles existen para miembros del Gobierno de la Nación -el máximo exponente es el Palacio de La Moncloa, pero también hay pisos oficiales en ministerios destinados a sus responsables- y algunas comunidades también los tienen. Lo más parecido que existe en Madrid es la Residencia Santillana, conocida popularmente como 'La Casita', que se encuentra en la localidad de Manzanares el Real.
Es propiedad de la empresa pública Canal de Isabel II y tiene un uso institucional, como albergar reuniones extraordinarias del Consejo de Gobierno autonómico, aunque en alguna ocasión han servido para alojar a mandatarios extranjeros que han pasado por la capital, como el venezolano Juan Guaidó.
Comunidades con residencia oficial
Son varias las comunidades autónomas que cuentan con viviendas para sus presidentes entre su patrimonio, aunque estos no siempre optan por utilizarlas. De hecho, durante la pandemia estos fueron elegidos por los presidentes para confinarse y seguir al frente de sus administraciones.
Entre las residencias oficiales más conocidas está el Palacio de Ajuria Enea, residencia del jefe del Gobierno vasco, del lendakari, o la Casa dels Canonges, habilitada para los presidentes de la Generalitat catalana.
La Xunta de Galicia tiene el Palacio de Monte Pío, que se encuentra en Santiago de Compostela, y la Junta de Castilla-La Mancha cuenta con unas dependencias habilitadas como apartamento en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno autonómico.
El Palacio Presidencial de Suárez de la Riva, localizado en el centro de Oviedo, tiene una vivienda destinado al presidente del Principado de Asturias, mientras que en Mérida se encuentra la Casa del Río. La Junta de Extremadura pensó en venderla hace unos años... pero finalmente no se ejecutó la operación. En Cantabria sucedió justo al contrario: hace años que se desprendieron del edificio que en el pasado hizo las veces de residencia oficial. Sucedió lo mismo en Navarra, que desmanteló un piso que durante los años 80 fue vivienda del presidente Gabriel Urralburu.
Aragón no cuenta con una residencia oficial, pero esta semana, 'Heraldo de Aragón' ha publicado que el Gobierno autonómico sufraga el alquiler de un piso en Zaragoza al vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), que hasta que accedió al cargo residía en Teruel. La Junta de Castilla y León también correría con el alquiler de un piso para Alfonso Fernández Mañueco en Valladolid, ya que la residencia habitual del presidente se encuentra en Salamanca.
Canarias, por su particularidad geográfica, tiene dependencias habilitadas para su presidente en al menos dos islas, mientras que no hay noticias de viviendas oficiales para presidentes o de que se corra con gastos de alquiler en la Comunitat Valenciana, Murcia, La Rioja y Baleares.
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