El alquiler social es el nombre que recibe un fondo social de casas, cuyos propietarios son bancos y entidades de crédito, destinado a ofrecer un hogar a cambio del pago de un alquiler a aquellas personas que han perdido su vivienda habitual.
Tal y como recoge el portal especializado en vivienda Idealista, a este fondo pueden acceder aquellas personas que hayan perdido su residencia habitual a partir del 31 de diciembre de 2007 y estén en situación de especial vulnerabilidad social. Además, deben cumplir ciertos requisitos:
- En primer lugar, que hayan perdido su vivienda habitual a favor de alguna de las entidades
- de crédito que participan en el convenio por alguna de las siguientes causas: desalojo consecuencia de una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario; procedimiento de ejecución hipotecaria que hubiese culminado con la adjudicación de la vivienda pero que no haya dado lugar al desalojo efectivo de la misma y dación en pago de un préstamo hipotecario.
- En segundo lugar, en el momento de realizar la petición deben cumplir estas circunstancias: no debes poseer la propiedad de una vivienda; ser parte de una familia con hijos menores de edad; si tu familia es monoparental, debes tener a tu cargo al menos dos hijos menores; en la unidad familiar debe existir un miembro con discapacidad hasta un 30% que le impida trabajar; no percibir ningún tipo de ingresos o haber gastado el total de sus prestaciones o ser jubilado y tener deudas hipotecarias que superen las prestaciones.
Para solicitarlo, hay que entrar en la página web de FSV, en la que aparecen muchos arrendamientos disponibles y que cuenta con un buscador que permite filtrar por ciudades y números de habitaciones.
Algunas solicitudes tienen prioridad: así, cuantos más supuestos concurran, mayor prioridad; a mayor número de miembros, mayor prioridad; a menor cantidad de ingresos, mayor prioridad y otros factores como discapacidad o dependencia se considerarán aparte.
Todas las viviendas que pertenecen al Fondo Social de Viviendas (FSV) se ofrecen por precios que se mueven entre 150 y 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar y la duración del contrato de arrendamiento social será de dos años, prorrogable a uno más
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