Seguramente en el recinto casi amurallado de la Moncloa no escuchan los comentarios que están despertando por ahí – quiero decir desde las oficinas, talleres, colas del Metro, en fin…- las noticias sobre el nuevo escándalo de corrupción que está alarmando y sorprendiendo en todos los ámbitos de la sociedad. Las informaciones son dispersas todavía, hay que dejar un margen a la duda y esperar a que se pronuncie la Justicia que, en definitiva es la que tiene la última palabra. De momento la información que se va conociendo, con datos fiables y reacciones incongruentes de buena parte de los implicados, genera sorpresas y preguntas que agravan la confusión y la inquietud.
La primera es que el presidente del Gobierno, que personalmente no está entre los sospechosos, continúe sin ofrecer su versión para tranquilizar a la gente. Estamos ante algo de gravedad indudable y es elemental y usual en democracia que quien ocupa la más alta responsabilidad política aparezca ante los ciudadanos y ofrecerles su versión, lo que coloquialmente se define como dar la cara.
Lo ha hecho uno de los acusados, el ex ministro José Luis Ábalos, pero a darnos la suya, consistente en su autodefensa después de que el partido al que pertenece y el Gobierno del que formó parte se hayan apresurado a ordenarle que renunciase al acta de diputado que, dicho sea de paso, había conseguido en unas elecciones. Una orden, o algo parecido a lo que él desacató deja en el ambiente político más dudas tanto sobre el presente como sobre el futuro de la crisis abierta.
La trama incluye a muchos nombres de personas implicadas más o menos directamente. Entre ellas, cargos políticos muy altos, desde la presidenta del Congreso de los diputados, la señora Armengol, hasta varios ministros que, lo mismo que el Presidente, guardan silencio. Algunos ni siquiera lo han roto para declarar su probable inocencia. Y lo que algunos se preguntan es si realmente las dudas en el Ejecutivo se centran solamente en Ábalos, al que se conminó a dimitir dejándolo en sus manos, mientras a otros el presidente podría destituirlos. En estas circunstancias las dudas son el peor enemigo para la reivindicación de quienes las sufren.
Con todo, el caso más especial es el de la presidente de la Cámara, la tercera jerarquía del país, una autoridad a la que cabe exigirle ejerza el cargo sin nada que pueda empañar su ejemplaridad ética y e incluso la imagen ante los ciudadanos y la de España en el extranjero. Bien es cierto que sobre ella el Gobierno carece de autoridad para destituirla, pero la opinión generalizada es que debería ser ella quien debería abandonar para mantener la dignidad del cargo y la capacidad de ejercerlo. No es imaginable que este escándalo suscite la creación de una comisión de investigación, como parece probable, y sea ella la que la presida mientras se debate sobre su participación, aunque sea indirecta, en lo que se investiga.
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