Más de la mitad de los españoles ve en las energías renovables considera que el despliegue de las renovables es la acción más efectiva para luchar contra el cambio climático, algo que concita bastante consenso porque el 82% cree que debe ser "una prioridad", aunque un 23%, sobre todo los jóvenes, cree que las alertas por el calentamiento global son "exageradas". Más de la mitad está a favor de acelerar, o por lo menos mantener, el ritmo de implantación para generar electricidad. Sin embargo, también más del 50% de los participantes en una reciente encuesta pone una línea roja, al mostrarse a favor de los parques eólicos o fotovoltaicos "siempre que se respete el entorno social". 

Estas percepciones quedan reflejadas en el estudio elaborado por GAD3 para el Observatorio Engie bajo el título "Transición energética y cambio climático. ¿Qué opinan los españoles". De él se desprende que el 53% sitúa "el despliegue de las energías renovables" en el primero puesto entre las "acciones más efectivas" contra el cambio climático. Le siguen el "desarrollo de procesos industriales menos contaminantes" (46%), la "investigación en nuevas fuentes de energías limpias como el hidrógeno verde" (43%). 

Una vez establecidas las renovables como acción preferida, el 43% de los encuestados opina que se debería "acelerar su implantación" cuando se les pregunta qué hacer al respecto y otro 12% apuesta por "mantener el ritmo actual de desarrollo de renovables". El 21% cree que se debería priorizar el autoconsumo y las comunidades energéticas y por el contrario, un 17% se muestra más favorable a "un cambio en las pautas de consumo para conseguir una reducción de la demanda de energía" en lugar de cambiar la tecnología que la genera.

De la misma manera que existe una opinión mayoritaria a favor del despliegue de las renovables, el estudio muestra que también es mayoritaria la opinión de que esto no puede suceder de cualquier manera y el 53% dice estar a favor de ellas "siempre que se respete el entorno social". Entre el 47% restante, un 30% cree que  los beneficios de los parques eólicos y fotovoltaicos superan a los costes; un 6%, que su impacto no es ni positivo ni negativo, y un 5% que cree que "los impactos son siempre mayores que los beneficios". Para el director de Engie-España, Daniel Fernández, el informe confirma que "hay percepción y una demanda de acelerar" el despliegue de renovables, "siempre que seamos respetuosos".

Error de pensar que son más caras

Este es el tercer estudio que realiza el Observatorio Engie sobre energía y transición ecológica y la apuesta por las renovables que hacen los ciudadanos en 2023 como manera de luchar contra el cambio climático contrasta con la percepción mayoritariamente que el reveló el informe de 2021-antes de la crisis energética de 2022-, que reflejó que una mayoría del 52,5% creía "erróneamente" que era "más cara la utilización de energías renovables", mientras que 11,2% tenía dudas y solo un 36,2% daba la respuesta correcta al contestar que no son más caras. La percepción de que lo son era especialmente destacable entre la población más joven, entre 18 y 29 años, e iba descendiendo a medida que aumentaba la edad.

En la encuesta de este año, el 49% está totalmente de acuerdo con que abordar el cambio climático y los problemas ambientales debería ser "una prioridad" y el 33% se muestra de acuerdo. Un 11% ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo un 3% está en desacuerdo.

Aun así, existe todavía casi una cuarta parte de la población que cree que las afirmaciones sobre amenazas del cambio climático son "exageradas". El 9% se muestra "totalmente de acuerdo" con esta afirmación y el 14%, "de acuerdo", sumando un 23%, mientras que el 20% no tiene una opinión formada. El 27% no cree que sea exagerado y e 29%, está "totalmente en desacuerdo" que lo sea. El escepticismo sobre la gravedad del cambio climático es especialmente elevado entre los más jóvenes. Entre 18 y 29 años el 11% está totalmente de acuerdo con que la alerta se exagera; el 19%, de acuerdo, y el 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto lleva a los promotores del informe a constatar que "no por ser joven se va a aceptar sin reparos la transición ecológica, hace falta información de calidad", dice Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de la consultora beBartlet, para quien es necesario mejorar y presentar de otro modo las políticas públicas en este ámbito para que los ciudadanos se sientan "interpelados".

Sobre quién tiene más responsabilidad en a lucha contra el cambio climático, los informes del Observatorio Engie muestran desde hace tres años que los ciudadanos se la atribuyen principalmente al Gobierno -42% en primer lugar- , ya sea central o autonómico. El cambio este año es que el segundo lugar, que en años previos ocupaban las empresas, es para "la ciudadanía", a la que el 31% sitúa en primer lugar de la lucha.

En 2021, el 75,2% decía haber adoptado ya algún cambio en su conducta para reducir el cambio climático y un 55,6% situaba al sector del transporte como el segundo, después del energético, que podía liderar el cambio hacia una industria más sostenible. En 2023, la percepción de que el transporte es uno de los sectores más emisores de gases de efecto invernadero ha caído hasta el 12% y el estudio incide en la idea que reflejan otros, que no existe una gran percepción de que los ciudadanos exoneran al transporte. Solo el 28% cree que se debería actuar sobre él -frente al 53% que apuesta por las renovables- y el 17% apuesta por apoyar el coche eléctrico.

Más red, más baterías, más rapidez

"Hay un montón de retos pendientes de resolver", dice el director de Engie-España, que por ejemplo es pregunta por qué no hay mercados de capacidad de baterías para almacenar la electricidad renovable "si está claro que ayudan" o "por qué, si hace falta más red", el Gobierno no ha convocado los concursos de acceso a redes que prometió en 2020. Asimismo, la eléctrica francesa reclama aligerar la tramitación de los proyectos renovables, desde un sistema como el español que "es de los más garantistas de Europa" y que exige, que después de años para desarrollar los parques todavía tengan que pasar meses para poder explotarlos después de contar con años de tramitación de permisos para levantarlos.

"Tenemos que acelerar el vehículo eléctrico", reclama también Fernández, que rechaza que en España autorizar un punto de recarga pueda tardar "hasta 18 meses".