El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley para recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el organismo regulador de esta actividad que actualmente está dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde que se integró en ella en 2013. Se trata de uno de los compromisos de investidura del presidente, Pedro Sánchez, para "reforzar su capacidad de inspección" y "limitar la excesiva concentración empresarial" que la CNMC mira con recelo y sobre la que en el sector energético se pide independencia y recursos suficientes para llevar a cabo. Las funciones del nuevo organismo pasará a estar adscrito al Ministerio de Transición Ecológica a diferencia de la CNMC, adscrita al de Economía, y a la supervisión y control de los mercados eléctrico, gasista y de hidrocarburos sumará los del hidrógeno verde y otros gases renovables así como el objetivo de velar por la descarbonización, que como novedad es convertirá en un criterio para determinar la retribución de las empresas energéticas o la cuantificación de peajes y cargos.

El compromiso de recuperar la CNE figuraba en el acuerdo de Gobierno que firmaron PSOE y Sumar para alinear esta labor de regulación a la transformación de la energía que está provocando la transición ecológica, con nuevos vectores como el hidrógeno o los gases renovables y el objetivo de descarbonización. Según este pacto, también se trataría de "limitar la excesiva concentración empresarial y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas". 

Según ha explicado este martes la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la situación actual es distinta a la de 2013, cuando la CNE se integró en la recién creada CNMC. En estos momentos, ha dicho, la "necesidad acelerada e intensa de transformar nuestro sistema energético" hace "más que recomendable recuperar un mecanismo especializado" que seguirá con sus funciones de regulación de los sectores del gas, la electricidad e hidrocarburos pero también de nuevos gases renovables como el hidrógeno introduciendo el criterio de descarbonización de la energía.

La nueva CNE tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos, de gas natural, de hidrógeno verde y otros gases renovable y también ejercerá funciones de inspección y sanción, así como de arbitraje, información, atención y tramitación de reclamaciones de agentes y consumidores. Según ha explicado el Ministerio, incrementará su especialización, ampliará su ámbito de actuación e incluirá como nuevo objetivo "asegurar la descarbonización de la economía". "Debe favorecer en las decisiones regulatorias el objetivo común de las autoridades europeas como es la descarbonización", ha explicado Ribera.

Este objetivo de descarbonización se reflejará, por ejemplo, en que para establecer una metodología de retribución de las redes eléctricas, la CNE pueda incluir incentivos para las distribuidoras que tramiten rápidamente expedientes de conexión de nuevos puestos de recarga para vehículos eléctricos o nuevos sistemas de autoconsumo. A la inversa, también abre la puerta a penalizaciones por dilatar plazos para infraestructuras que incidan en la descarbonización.

Además, el anteproyecto de ley para recuperar la CNE creará el Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctricos y del Sector del Gas (FGLSEG) para gestionar los ingresos y pagos correspondientes por las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas de los Presupuestos Generales del Estado.

Para antes de final de 2024

El objetivo del Gobierno es que la nueva CNE entre en vigor antes de que termine 2024 y para ello tramitará por procedimiento de urgencia el proyecto de ley que resulte un anteproyecto que Ribera ha apuntado que cuenta con apoyo de "mayoría" de grupos en el Parlamento, tal y como se le ha trasladado en conversaciones informales. Antes de llegar al Congreso, pasará ahora por un proceso de audiencia pública para dar, ha dicho Ribera, "máxima audiencia a quien considere, empezando por el regulador actual, la CNMC, que tiene mucho que decir".

La idea de recuperar de este órganos regulador provocó desconfianzas en el sector de la energía, por el control extra que quisiera ejercer el Gobierno sobre él, y reticencias por parte de la CNMC, cuya presidenta, Cani Fernández, hubiera deseado mantener bajo su paraguas también el control sobre el sector de la energía. La nueva CNE no solo dejará de estar integrada en la CNMC sino que cambiará de ministerio, porque dejará ya no estará adscrita al de Asuntos Económicos sino al de Transición Ecológica.

Ante el propósito del Gobierno, otras fuentes del sector de la energía indicaban hace unos días a 20 Minutos que no veían mal recuperar un órgano sectorial, dedicado íntegramente a a energía, pero advertían de que la nueva CNE debería garantizar su "independencia" en esta labor de control y estar dotada de medios suficientes para ser efectiva. Apuntaban que el proyecto de ley que derivará del anteproyecto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros no deberá solo desgajar de la CNMC la supervisión en materia energética, sino también determinar cómo se financia, puesto que la CNCM lo hace con fondos del Ministerio de Transición Ecológica y la antigua CNE lo hacía con tasas del sector, así como cómo se hará la transferencia de las alrededor 200 personas que formaban su plantilla.

La Comisión Nacional de la Energía funcionó como un órgano regulador independiente hasta 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió concentrar en la recién creada CNMC todos los reguladores sectoriales, de la Competencia, de las Telecomunicaciones o de la Energía. El objetivo que se dio fue el de ahorrar costes y crear un superregulador en un movimiento en el que también hubo quien advirtió una relajación de estas funciones, precisamente por encargar tanto volumen a un solo organismo. Ahora, el Gobierno considera que la situación ha cambiado y que la transformación del sistema energético al que está dando lugar la transición ecológica hace necesario una mayor focalización de su regulación. En noviembre pasado, Sánchez firmó con Sumar un acuerdo de Gobierno en el que incluyó el compromiso de recuperarlo como un ente autónomo, con la intención de reforzar la supervisión sobre un sector que ha sido más clave si cabe en los últimos años.

Para ello, se propone recuperar un órgano que tendrá entidad y presupuesto propio con una estructura encabezada por un presidente y seis consejeros que deberán tener al menos cinco años de experiencia en ámbitos vinculados con la regulación del sector de la energía. El Congreso analizará sus nombramientos y tendrá capacidad de veto. Además, constará de tres direcciones, del sistema eléctrico, de hidrocarburos y nuevos combustibles y de inspección.

Además de supervisión y control del mercado, entre sus funciones estarán también la inspección y sanción, el arbitraje, información, atención y tramitación de reclamaciones de agentes y consumidores y liquidar peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones e instruir y proponer sobre expedientes en operaciones empresariales en el sector al Ministerio de Transición Ecológica, a quien corresponderá tomar la decisión definitiva. 

Nuevo sistema de comercio de emisiones CO2

El Consejo de Ministros ha aprobado un segundo anteproyecto de ley del Ministerio de Transición Ecológica, en este caso, para actualizar las reglas del sistema de comercio de derecho de emisiones de CO2, para obligar a las empresas de países terceros a cumplir las mismas exigencias medioambientales que las europeas a integrar al sector del transporte marítimo a este esquema y más adelante, para 2027-2028, el sector de la edificación.

Desde hace dos décadas, las empresas europeas de determinados sectores como el transporte aéreo y el energético tienen un límite para emitir CO2, el que les permiten los derechos gratuitos de emisión que se distribuyen entre cada uno de ellos. Con el cambio acordado en la UE, también los productos que se importen desde países terceros tendrán que cumplir esos requerimientos medioambientales, en algo que los Gobiernos defienden como una manera de defender a sus industrias de condiciones más ventajosas por parte de industrias de fuera de la UE pero contra la que, desde el mismo ecosistema industrial europeo, también se advierte de que puede aislar todavía más el mercado europeo y mermar su competitividad en el mercado mundial porque hará que empresas que no quieran cumplir con sus mayores exigencias en descarbonización apuesten por otros mercados más laxos.

"Los productos de sectores industriales de terceros países que quieran  colocarse en el mercado europeo deberán mostrar que la manera en que son producidos no aplica dumping ambiental con menos control con respecto a las emisiones de efecto invernadero", ha explicado Ribera, que ha asegurado que así "se garantiza un juego de equilibrio equivalente en exigencias ambientales".