La costa de la provincia de Cádiz, desde la capital hasta La Línea de la Concepción, es una zona repleta de "destinos malditos", lugares "de paso", como se conocen en la jerga judicial a los juzgados que desde allí lidian con uno de los puntos más fervientes del narcotráfico en España. Son "malditos" porque el trabajo es extraordinariamente duro y la remuneración es baja en comparación a la de las grandes ciudades del país, pero sobre todo por el problema "endémico" de la droga, que se afronta sin los medios necesarios, tal y como viene advirtiendo la carrera judicial desde hace años. En definitiva: "Los malos siempre van dos pasos por delante".
Victoria García llegó a un juzgado de Barbate, su primer destino, en diciembre de 2021. Pese a las advertencias previas, la jueza no fue consciente de lo que se le venía encima hasta que se vistió la toga. "Me dijeron que la zona era complicada, que los juzgados estaban colapsados, que la carga de trabajo era inasumible y que básicamente me dedicaría a apagar fuegos. Pero no supe lo que sucedía en Barbate hasta que llegué allí", relata a 20minutos.
Llegó asustada pero con la ilusión de aportar su "grano de arena" frente a la epidemia del narcotráfico en la región, y entonces se topó con la cruda realidad: "Los narcos tienen mucho dinero y mucho poder, y en gran parte son adorados por los vecinos. No pasan dos semanas y el ánimo decae cuando ves que la ilusión y las ganas de trabajar no son suficiente. Estuve un año y puedo decir que al final del periodo contaba los días como el preso que ansía libertad".
El relato de Victoria García no es una excepción, es más bien un reflejo de la precariedad que describen muchas fuentes consultadas por este periódico.
Un problema "endémico"
En la provincia de Cádiz se incauta el 50% del hachís y el 78% de la cocaína de toda Andalucía. El problema con la droga en esta región viene de lejos y tiene varias explicaciones. La primera es geográfica, explica el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella: "Nosotros tenemos al casi primer productor del mundo de hachís a 14 kilómetros de nuestras costas. Tenemos uno de los puertos más importantes de Europa, abierto al mundo entero, y encima tenemos un paraíso fiscal como es Gibraltar que también colabora al blanqueo de capitales. Entonces, claro, el tema está servido".
Luego está el factor socioeconómico, pues hablamos de una zona en la que "la gente joven difícilmente tiene acceso a un trabajo digno y, por contra, tiene la posibilidad de conseguir unas pingües ganancias realizando este tipo de actividades". Según explica la jueza Victoria García, y coinciden los demás consultados, "en Barbate los jóvenes han normalizado que la forma de vida de muchas familias sea el narcotráfico, es una cuestión de educación".
Por su parte, Carmen Nisa alerta de que "no somos conscientes de la magnitud del problema" ni de lo difícil que es erradicarlo. "Claro, si te van a dar 1.600 euros simplemente por 'dar un agua' [un aviso ante la llegada de las autoridades] o por descargar un paquete, es muy complicado que los jóvenes huyan de esta realidad", ejemplifica la jueza.
Más aún cuando "se han cerrado lo astilleros", se ha reducido la pesca y del turismo solo se puede vivir en verano. "Y si tú eres el propietario, bien, pero si al final tienes que trabajar para otro… No es que las condiciones laborales de alguien que trabaja en un hotel o en un chiringuito sean las mejores". En cambio, prosigue Nisa, "el narcotráfico no sólo te permite vivir a ti, da de comer a toda tu familia. Por eso se protegen entre ellos, son las familias y los vecinos los que se dan cobijo. El problema es cíclico".
El magistrado Jesús Madroñal, con más de dos décadas de trabajo en la región a sus espaldas, reconoce que la influencia de la droga en la región es "muy difícil de erradicar", y asegura que "es lo que aprenden los niños desde que tienen conciencia". Según dice, "mientras no haya control en el Estrecho, es imposible de solucionar: el gran problema es que no se frene lo que viene de Marruecos".
El magistrado Jerónimo García, decano de un juzgado en Algeciras, advierte además de la evolución de las mafias de la droga, cada vez más violentas y organizadas. "A día de hoy, se advierte en las organizaciones una distribución sofisticada de funciones hasta en las actividades más básicas", apunta, "desde la desaparición de OCON-Sur [el operativo especial de 150 agentes de élite fundado en 2018] hay formas más violentas de actuación: proliferan los atentados contra agentes de autoridad y cada vez vemos más armas de guerra".
La falta de medios en los juzgados: "No podemos más"
La región costera de Cádiz es un lugar de paso para la mayoría de jueces, precisamente por la falta generalizada de medios que desemboca en una sobrecarga de trabajo peor remunerado que en otras zonas. "Somos pocos los que decidimos quedarnos", reconoce Jerónimo García en conversación con este periódico. En un juzgado, un magistrado o juez trabaja con la ayuda de un letrado de la Administración de Justicia y ocho funcionarios con los que sacar adelante el trabajo ordinario a la vez que lidia con "hasta cuatro 'macrocausas' paralelas".
El problema de lentitud de la Justicia es común a toda España y tiene muchas razones de ser, pero la situación es especialmente dramática en esta región, según relata también la jueza Carmen Nisa. En el juzgado de La Línea se tramitan al mismo tiempo asuntos de Familia o de Civil y las instrucciones por narcotráfico. "A lo mejor te llegan treinta detenidos, pero no puedes dejar de lado el resto de asuntos... Por tanto hay una sobrecarga latente de trabajo, no podemos más. Dices: ¡dios mío! llevo todo el día trabajando, pero cuando llegue a mi casa tengo que seguir".
Esto a su vez propicia que en estos juzgados, que de por sí tienen una reputación, los recién llegados se marchen pronto. "Hay juzgados complicados donde las plantillas de funcionarios y sobre todo las plazas de jueces tienen muy poca estabilidad. Y cuando hay poca estabilidad es difícil que funcione bien", corrobora el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz.
Así, todos coinciden en reivindicar la necesidad de un refuerzo de personal, más medios técnicos e incluso la creación de nuevos juzgados. El magistrado Madroñal, que pese a las condiciones de trabajo asegura que la zona es "absolutamente privilegiada" y halaga a los compañeros "magníficos" que trabajan allí, desliza una sugerencia para desencallar la situación: "La posibilidad de crear una sección desplazada de la Audiencia Nacional, con los recursos de investigación que tiene este tribunal, sería una cuestión a analizar".
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