Siete de cada diez influencers españoles no indica correctamente cuando una de sus publicaciones está pagada por una marca para hacer publicidad. Una investigación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 concluye que la mayoría "incumpliría" la normativa europea y advierte de la posibilidad de imponer sanciones económicas a los creadores de contenidos que incurran en "conductas inadecuadas" y no respeten con la legislación europea en esta materia.
El estudio, llevado a cabo junto con las autoridades en materia de protección del consumidor de Cataluña, Islas Baleares y Madrid; y coordinado por la Oficina de Enlace única española de la Red Europea de Cooperación para la Protección de los Consumidores (Red CPC), se enmarca en un barrido en el que han participado 22 Estados miembros de la Unión Europea (UE) para "comprobar" el grado de cumplimiento de los influencers con la normativa europea sobre prácticas comerciales desleales, que entró en vigor en España en mayo de 2022.
En total, se verificaron las publicaciones de 576 personas influyentes publicadas en las principales plataformas de redes sociales, de los cuales aunque el 97% publicaba contenido con carácter comercial, apenas uno de cada cinco lo indicaba de forma correcta. En el caso de España, el grado de infracción ha demostrado ser, de hecho, más alto. Tras investigar el contenido de más de 40 influencers "con un gran número de seguidores", activos en diferentes redes sociales y en distintos sectores como moda, viajes o estilo de vida, el estudio concluye que, de los creadores de contenido españoles investigados, tres de cada cuatro incumplen "uno o varios" preceptos de las normas.
Comprobaron también que, incluso entre los que supuestamente sí cumplen con la normativa, la mayoría no utiliza las etiquetas que proporcionan las plataformas —por ejemplo, "colaboración pagada"— para indicar a sus seguidores que el contenido que están compartiendo es publicidad. "Por el contrario, utilizan términos muy genéricos como 'publi' o 'ad' (abreviatura de la palabra inglesa 'advertisement'), o simplemente incluyen un agradecimiento genérico a la marca asociada, dificultando al consumidor medio la posibilidad de identificar que se trata de contenido con carácter comercial o publicitario", precisa un comunicado del el departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
Posibles sanciones
Así, a todos los influencers investigados que hayan incurrido en potenciales incumplimientos de la ley europea se les ofrecerá la posibilidad de recibir información y asesoramiento "para que su contenido comercial se ajuste a la normativa europea". Según informa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, las empresas que están detrás de esas publicaciones también serán informadas de los potenciales incumplimientos y de su "responsabilidad" a tal efecto. "En cualquier caso, las autoridades de Consumo se reservan la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales, lo que podría desembocar en sanciones económicas, par asegurar el cumplimiento de la normativa europea y la lucha contra la publicidad engañosa", advierte.
El Gobierno entiende, eso sí, que muchas de estas infracciones "pueden deberse al desconocimiento", por lo que dejarán una "primera fase" más "pedagógica" y de "información" para que los influencers corrijan las conductas inadecuadas. El objetivo, argumentan desde Derechos Sociales, es que el comercio online sea "igual de seguro" y "ofrezca las mismas garantías" a los consumidores que el comercio offline. "La legalidad de la publicidad en redes sociales es una de las prioridades comunes de las autoridades europeas en materia de protección al consumidor", concluyen.
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