Youtubers, twitcheros, tiktokers, podcasteros... España prevé tener un 'Registro Estatal de Influencers' para saber quién es quién

Los influencers y streamers más famosos de Internet tendrán que estar inscritos en el nuevo Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual para regular su actividad.

Dicha categoría de prestadores de servicios de está reconocida en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que entró en vigor en julio de 2022 para regular el papel de las personas que pueden tener un impacto en la sociedad desde las plataformas digitales.

Concretamente, la Ley Audiovisual consolida la creación del Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual que deberá incluir a aquellos prestadores de servicio más importantes, tal y como señala la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esto quiere decir que los influencers y streamers más famosos deberán estar incluidos en el Registro Audiovisual, según el borrador del nuevo Real de Decreto de la Ley Audiovisual (que aún debe ser aprobado).

Por otro lado, la CNMC considera que es necesario calificar la forma en la que se van a abordar los retos que plantea el propio registro de prestadores audiovisuales. Además, esta nueva LGCA dicta diferenciar el tipo de servicio que ofrecen, si su público se encuentra mayoritariamente en una comunidad autónoma o si el contenido está dirigido para todos los usuarios.

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Los podcast también se deben regular

Igualmente, la CNMC indica que se deberían clasificar de forma separada los prestadores de contenido asociados al vídeo de los que solo utilizan audio. Los podcast ya estaban contemplados en la anterior Ley Audiovisual de 2010, pero a consecuencia de su popularidad, la CNMC ha trasladado que se deberían aclarar algunas cuestiones que afectan a este contenido.

¿Y qué pasa con la pornografía?

Por si fuera poco, en esta propuesta existe un apartado específico sobre la aceptación de tener un control especial sobre la pornografía. Básicamente, la CNMC quiere establecer un procedimiento que permita recurrir a las autoridades judiciales para ordenar el cese de dichos contenidos cuando incumplan sus obligaciones.

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