España dice estar en contacto con Venezuela para garantizar los derechos de Rocío San Miguel, acusada de intentar matar a Maduro

La activista hispano-venezolana Rocío San Miguel Sosa.
La activista hispano-venezolana Rocío San Miguel Sosa.
Carlos Gámez
La activista hispano-venezolana Rocío San Miguel Sosa.

La abogada y activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, cumple este miércoles seis días en prisión acusada de querer matar al presidente Nicolás Maduro. Así lo han hecho saber tanto su equipo de abogados como sus familiares, provocando que el Ministerio de Asuntos Exteriores español haya pedido información a las autoridades venezolanas para asegurar que "se garanticen sus derechos".

Fuentes diplomáticas han confirmado a 20minutos que la Embajada de España en Venezuela "está siguiendo el caso" y "realizando gestiones con las autoridades desde que tuvo conocimiento del mismo para determinar su paradero, prestar asistencia consular, y garantizar que se respeten sus derechos".

San Miguel fue presentada este lunes ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo, junto a otras cinco personas, entre ellos, dos hermanos, su hija, el padre de esta, y una expareja. Fuentes cercanas a San Miguel citadas por el diario venezolano El Universal indicaron que fue detenida el 9 de febrero cuando intentaba salir del país en el Aeropuerto Simón Bolívar. Todos ellos habían sido reportados entonces por sus abogados como "desaparecidos"

El jurista José González Taguaruco, parte del equipo de defensa de la también abogada, informó este martes que Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, fueron excarcelados con "prohibición de salida del país" y "de declarar a los medios". En cambio, confirmó la privativa de libertad contra la defensora de derechos humanos y contra Alejandro José González Canales, expareja de la activista.

Según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, tanto San Miguel como sus allegados están "presuntamente involucrados" en la trama conspirativa denominada 'brazalete blanco', cuyo objetivo era atentar contra el mandatario venezolano y otras autoridades del Estado. El Gobierno venezolano ha informado también de una macrooperación en que se ha expulsado a más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicados en estas conspiraciones, que, según la versión de las autoridades, incluían el magnicidio.

"El Ministerio Público (...) solicitará ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo medidas de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por: la presunta comisión de los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y asociación entre otros", dijo Saab este martes. Además, pedirá la misma medida para Alejandro Jose Gonzales De Canales Plaza por la "revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación".

La comunidad internacional alerta sobre el caso

La detención de San Miguel no solo ha encendido las alarmas de Ministerio de Exteriores español, sino que varios países y organizaciones internacionales han alertado sobre el caso. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y ONG locales han manifestado su preocupación por esta detención.

Además, el Gobierno de Estados Unidos dijo estar "profundamente preocupado" por la detención de la activista y urgió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia en el país.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha reclamado la liberación de San Miguel y califican la detención como un "atropello injustificable", en palabras del secretario general Luis Almagro, crítico con la "criminalización" de los defensores de los Derechos Humanos".

Ante esta situación, el fiscal general ha denunciado lo que considera una "feroz campaña" internacional en contra su país. "Denunciamos una feroz campaña desde el exterior en contra del sistema de Justicia y el Estado venezolano por parte de los mismos sectores que siempre han menospreciado las instituciones democráticas (...) y han amparado, a la vez, los intentos de magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela", dijo Saab.

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