España e Irlanda alzan la voz contra la "crítica situación en Rafah" tras la entrada de Israel en el sur de Gaza en el contexto del conflicto que se desató el pasado 7 de octubre, tras los atentados terroristas de Hamás. El presidente español, Pedro Sánchez, y el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que la entidad comunitaria estudie las "posibles violaciones de los Derechos Humanos" en el conflicto. La Comisión ya ha recibido la misiva y la está estudiando, según trasladan fuentes del organismo.
"Pedimos que la Comisión emprenda una evaluación urgente de si Israel está cumpliendo con sus obligaciones, incluidas las derivadas del Acuerdo de Asociación UE/Israel, que hace del respeto de los derechos humanos y los principios democráticos un elemento esencial de la relación", se refleja en la carta, que ha sido hecho pública este miércoles y que llega ante la "amenaza inminente de operaciones militares israelíes en Rafah y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Gaza, incluida la preocupación generalizada por las infracciones del Derecho Internacional Humanitario por parte de Israel".
La misiva llega dos días después de que el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, iniciara su prometida ofensiva sobre el sur de Gaza. Este lunes, Israel llevó a cabo un ataque contra el campo de refugiados de Shabura. Las fuerzas israelíes también llevaron a cabo diversos bombardeos a lo largo de la zona sureña de Gaza, un enclave que actualmente cuenta con una población hacinada de 1,4 millones de personas, cinco veces mayor a las 280.000 asentadas en este lugar antes del 7 de octubre. El ataque dejó más de 100 muertos, según medios locales, y dos rehenes liberados.
España e Irlanda -al igual que Bélgica, con cuyo primer ministro Sánchez visitó Israel en un viaje en el que afeó su conducta a Netanyahu y que terminó con la salida de la embajadora israelí en España fuera de Madrid- fueron los más contundentes respecto al conflicto. Lo son también en la carta, de tres páginas de extensión, en la que también muestran su apoyo a la UNRWA. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos fue salpicada hace días por la polémica al ser acusados algunos de sus miembros de haber colaborado en los ataques de Hamás. Sánchez y Varadkar apoyan la rescisión de los contratos de los implicados y la apertura de una investigación, pero dejan "claro" que se debe permitir a la agencia "continuar con su labor vital de salvar vidas". "No hay ninguna posibilidad de lograr el urgente incremento masivo y sostenido de ayuda humanitaria, a través del acceso humanitario pleno, seguro y sin trabas que es necesario, sin que UNRWA desempeñe un papel central", exponen.
Ambos insisten en la "imperiosa necesidad" de la aplicación de la "solución de los dos Estados", la "única forma de garantizar que este ciclo de violencia no se repita". La Unión Europea, apuntan, "tiene la responsabilidad de actuar para que esto sea una realidad" con la colaboración de las partes y la celebración de una conferencia internacional de paz, un extremo ya acordado por el Consejo Europeo en octubre. Además, recuerdan que se requiere, en opinión de los dos países, "un alto el el fuego humanitario inmediato" con el que se "eviten más daños irreversibles a la población de Gaza", algo que fue respaldado por "una amplísima mayoría" en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre. Esa decisión también contó con el voto favorable de 17 Estados miembros de la Unión.
En el texto, se señala que ya han fallecido en la guerra casi 30.000 palestinos y otros 67.000 han resultado heridos. Los ataques de Israel también han provocado el desplazamiento de 1,9 millones de personas dentro de Gaza. Esto es: el 85% de su población. España e Irlanda también manifiestan que Israel tiene "derecho a defenderse" -algo repetido desde el inicio del conflicto- pero que "debe ajustarse a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución". Y ponen en duda que lo esté haciendo, basándose en la "inquietud" de António Guterres, secretario general de la ONU, que ya ha hablado del "atroz sufrimiento humano, la destrucción física y el trauma colectivo de los civiles".
"Ningún lugar es seguro en Gaza y, debido al acceso totalmente insuficiente de la ayuda humanitaria para satisfacer las necesidades esenciales de la población, la ONU estima que el 90% de los gazatíes se expone a una inseguridad alimentaria aguda", continúan. Por último, también destacan las medidas cautelares vinculantes impuestas por el Tribunal Internacional de Justicia y su conclusión "de que al menos algunos de los actos u omisiones que Sudáfrica alega que Israel ha cometido en Gaza pueden recaer en el ámbito de aplicación de las disposiciones de la Convención sobre el Genocidio".
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