Liberadas seis víctimas de trata obligadas a prostituirse y drogarse en una operación que se salda con 10 detenciones en Barcelona

  • Operación Joya-Aguyje: Guardia Civil y Policía Nacional cierran dos pisos en Manresa y Mollet del Vallés.
  • Las mujeres dormían hacinadas en condiciones de insalubridad y eran grabadas en sus relaciones sexuales.
Imagen de un momento de la 'operación Joya-Aguyje', difundida el 13 de febrero de 2024.
Imagen de un momento de la 'operación Joya-Aguyje', difundida el 13 de febrero de 2024.
GUARDIA CIVIL / POLICÍA NACIONAL
Imagen de un momento de la 'operación Joya-Aguyje', difundida el 13 de febrero de 2024.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional en el marco de la operación Joya-Aguyje, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y ha liberado a seis víctimas que se encontraban bajo el control de la banda en los dos pisos-prostíbulo, uno en la localidad de Manresa, y el otro en Mollet del Vallés, ambas en la provincia de Barcelona.

La operación se ha saldado con la detención de diez personas por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución, contra la salud pública, contra la integridad moral y organización criminal. 

La organización criminal captaba a las víctimas en países de Sudamérica, principalmente Paraguay, mediante engaño, beneficiándose de su situación de vulnerabilidad y ofreciéndoles unas condiciones de vida y laborales prometedoras. Otras mujeres eran captadas ya en España empleando el mismo modus operandi, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa difundida este martes. 

La red delictiva sufragaba todos los gastos y trámites necesarios y, una vez las víctimas se encontraban bajo el control físico de los miembros del entramado criminal, les retiraban sus teléfonos móviles y pasaportes para, posteriormente, informarles que habían contraído una deuda económica con la organización debiendo ser satisfecha con la ejecución de servicios sexuales.

Para ello, debían de estar disponibles 24 horas al día sin descanso, aunque estuviesen indispuestas, para mantener relaciones sexuales sin protección, padecer violencia física si el cliente lo requería e incluso para ser grabadas. Las víctimas no disponían de libertad de movimiento, manteniendo la red criminal un control férreo sobre las mismas.

Las mujeres eran confinadas en los dos pisos-prostíbulos donde estaban hacinadas, sin privacidad y en condiciones infrahumanas e insalubres, han informado las autoridades. Además, en uno de los pisos eran controladas con cámaras de video- vigilancia. 

En ambos inmuebles se traficaba con sustancias estupefacientes obligando a las víctimas a incentivar a los clientes para comprar cocaína y a consumirla ellas mismas de manera forzada si el servicio así lo demandaba. 

Investigación policial

La organización criminal mantenía una sólida jerarquía con un reparto de roles perfectamente definido en lo relacionado con la captación, traslado y explotación final. La dirección era compartida entre un hombre y una mujer. El resto de niveles de la organización obedecían las instrucciones de la dirección, haciendo especial hincapié en uno de los miembros encargado de captar a las víctimas, el cual aprovechaba sus conocimientos como agente de viajes para introducirlas inadvertidamente en territorio nacional.

Durante las entradas y registros realizados en las localidades de Gavá, Manresa y Mollet del Vallés fueron intervenidos más de 13.000 euros en efectivo, 18 teléfonos móviles, un ordenador, 300 gramos de cocaína, una prensa hidráulica empleada en la elaboración de sustancia estupefaciente y numerosa documentación relacionada con la explotación de las víctimas. Además, los agentes han bloqueado 11 productos bancarios, tres vehículos y un inmueble.

Cierre de los pisos

En el momento de la liberación se clausuraron los pisos utilizados como prostíbulos donde eran explotadas, para después ser asistidas en total coordinación y colaboración por la ONG "Fundació Apic-Acam", para atender las distintas necesidades que podían requerir cada una de ellas.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Manresa y llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia y la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional de Barcelona.

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