La ley de amnistía de 1977 recibió de las primeras Cortes democráticas un apoyo casi general y fue enormemente celebrada, sobre todo por las izquierdas. Contrariamente a lo que algunos afirman ahora, desde una crítica feroz contra la Transición, no se elaboró para blindar la impunidad de los delitos del franquismo, algo que nadie contemplaba en aquel momento como posible, sino para hacer justicia con los represaliados, fortalecer el proceso democrático y favorecer la reconciliación entre españoles. Esa medida de gracia dio credibilidad al proceso constituyente que culminó con la Constitución de 1978.
Cuatro décadas más tarde, el Congreso va a aprobar otra ley de amnistía. Pero a diferencia de la primera, esta otra es profundamente divisiva y ventajista. La inmensa mayoría de la opinión pública está en contra, incluyendo a la mitad de los votantes socialistas, y genera un rechazo social en la calle que se extiende también en el mundo del derecho. Es divisiva porque el PSOE la ha adoptado no desde un convencimiento meditado, sino por necesidad, para salvar una coyuntura, aunque ahora la propaganda gubernamental intente vestirla de potenciales virtudes, pese a que el separatismo no se arrepiente de nada. Hay que repetir lo obvio: si a Pedro Sánchez no le hubiesen hecho falta los votos de Junts no habría amnistía. Ni falta que hace, pues Cataluña desde los indultos ya está "pacificada".
Lo más obsceno de esta ley es que su principal beneficiario tiene nombre y apellidos: Carles Puigdemont. La amnistía se articula para brindarle un billete de vuelta sin que pueda ser detenido ni encarcelado. El esfuerzo por lograrlo alcanzó la semana pasada un grado superlativo de indecencia cuando se modificó la ley para burlar la instrucción del juez García-Castellón que acusa al expresident de un posible delito de terrorismo a cuenta de Tsunami Democràtic. Considerar como hace el nuevo redactado que hay un terrorismo amnistiable porque no vulnera gravemente los derechos humanos es una aberración. Otra cosa es que sea muy discutible tanto la calificación de terrorismo que hace el juez como atribuirle a Puigdemont la responsabilidad de la violencia tras la sentencia del procés.
La amnistía de 2024 no es solo ventajista y divisiva, sino que está trufada de cortoplacismo a fin de sortear los obstáculos para el regreso de Puigdemont. Es una ley profundamente recelosa con la Justicia y el Estado de derecho porque nace de una arbitrariedad y una quiebra del principio de igualdad. De la amnistía de 1977 guardamos un buen recuerdo, pues abrió la puerta a la democracia. En cambio, de la que aprobará mañana el Congreso solo podemos desear que sea declarada inconstitucional y contraria al Derecho de la Unión Europea.
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