La Diputació de Barcelona ha aprobado este jueves en pleno ordinario la ratificación de su II Plan de igualdad de género, con el objetivo de alcanzar la igualdad real de las mujeres y los hombres en los ámbitos internos. Con este texto, acordado entre la corporación y los sindicatos representantes de los trabajadores, se quiere eliminar los posibles estereotipos, actitudes y obstáculos que dificultan la consecución de la igualdad.
Paralelamente, se ha ratificado también el protocolo para la prevención, detección, identificación y actuación ante el acoso y el ciberacoso psicológico laboral y otras discriminaciones por motivos distintos del género en el trabajo.
El documento aprobado establece las herramientas para la prevención y el abordaje del acoso psicológico que se pueda dar en el ámbito de la corporación, con el fin de velar por un entorno de trabajo seguro y respetuoso para todas las personas que trabajan en la Diputació.
Por este motivo, el texto incorpora, por primera vez, el concepto prevención y tratamiento del ciberacoso psicológico laboral, derivado del aumento del uso de medios tecnológicos y telemáticos de comunicación que inciden en la forma en que nos relacionamos en el entorno profesional. El documento solo ha recibido el voto en contra del grupo político de Vox.
Reducir la pobreza
Además, el pleno de esta mañana también ha acordado el impulso de acciones para reducir la pobreza y activar la igualdad de oportunidades. Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, que se celebrará el próximo 20 de febrero, la Diputació promoverá la lucha contra el edadismo y a favor de la promoción social en la infancia, la adolescencia y la juventud.
Dentro de la misma resolución, se incluye la voluntad de aplicar políticas innovadoras de envejecimiento activo y de atención a la discapacidad, así como de garantizar la perspectiva de género e incidir en los determinantes sociales de la salud y en la igualdad de acceso a las oportunidades educativas, deportivas y culturales.
En el mismo sentido, en la moción se apuesta por reforzar las acciones para promover los vínculos sociales y la transformación social y urbanística de los barrios con mayor vulnerabilidad. Estas medidas están encaminadas a buscar la justicia social desde la equidad territorial y la capacidad de acción de las comunidades.
En principio, este texto tenía que ser una declaración institucional, pero como el grupo político de Vox no se sumó a la propuesta, se ha tenido que tramitar como moción. Tras aprobarse el documento, la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha destacado la importancia de promover la justicia social desde los ayuntamientos y ha manifestado que tienen que "sentirse orgullosos del municipalismo catalán, que durante décadas ha estado luchando contra la expresión más dramática de la exclusión social". Moret ha resaltado que "venimos de barrios humildes donde hemos trabajado para erradicar la pobreza y la exclusión social".
Lucha eficaz
Otro de los puntos principales del orden del día ha sido el debate y votación de una moción para combatir la multirreincidencia delictiva de forma más eficaz. Presentada por el grupo político de Junts Per Catalunya, con enmiendas del PSC, el texto ha sido aprobado con el voto en contra del grupo de Vox y las abstenciones de los grupos de En Comú Guanyem y de Esquerra Republicana.
La moción aprobada insta al Gobierno a reformar el Código Penal y la Ley Orgánica de enjuiciamiento criminal. Por otra parte, también se exige a la Generalitat que elabore con la máxima celeridad un estudio sobre los juzgados de Cataluña, para saber cuáles son sus necesidades reales y para que el sistema judicial pueda dar una respuesta más rápida y eficaz a la multirreincidencia delictiva.
El diputado de Junts Ramon Bacardit ha defendido el texto denunciando que la reforma código penal para multirreincidencia en hurtos de julio de 2022 ha fracasado. Bacardit ha asegurado que "después de un año en vigor ha demostrado no ser efectiva". Asimismo, ha defendido que el sistema judicial "no puede dar respuesta" a este tipo de delitos y necesita un "refuerzo urgente porque ahora está saturado".
Bacardit ha expuesto que se aceptaron las enmiendas del PSC porque "mejoraban el texto", y que no se habían aceptado las de los grupos que "vinculaban delincuencia con inmigración". Marc Serra, diputado de En Comú Guanyem, ha señalado que les parece "irresponsable que se quiera modificar una ley a tan solo un año de la aprobación". También ha reclamado que "antes de la reforma hay que hacer un diagnóstico del funcionamiento de la ley". Finalmente, ha apostillado que "no hay que vincular delincuencia e inmigración, sino delincuencia y pobreza".
Por su parte, la diputada de ERC Eva Soler ha criticado a Junts que "aunque en la moción no se habla de inmigración, después en los medios sí que hablan de inmigración y delincuencia". Finalmente, ha matizado que la delincuencia asociada a personas inmigrantes ha disminuido un 11% en 10 años, ya que era 33% en 2014 y "ahora es de un 22%". Soler ha señalado que la delincuencia asociada a personas de nacionalidad española arroja unas cifras similares, un 20%.
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