Varios grupos de niños de entre 11 y 15 años han tomado las armas para cuidar de su comunidad. Los hechos han tenido lugar en el municipio José Joaquín de Herrera del estado de Guerrero, al sur de México, como consecuencia de la desaparición de una familia el pasado 19 de enero.
Este miércoles la comunidad indígena de Ayahualtempa, del municipio mencionado, e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores(CRAC-PF) han decidido entregar armas a un grupo de 5 niñas y 15 niños.
El integrante de la CRAC-PF, Luis Morales Rojas, miembro del Consejo del Gobierno Náhuatl, ha segurado que los jóvenes de mayor edad se integrarán a la búsqueda de los cuatro integrantes de la una familia secuestrada el pasado 19 de enero, y que los demás harán labores de vigilancia. Por ello, los menores han recibido instrucciones para el manejo de armas como rifles calibre 22; escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas.
En el acto llevado a cabo durante la asamblea exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que ayuden a la localización de la familia indígena. Esta está integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años, quienes fueron secuestrados en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado.
La decisión de integrar a menores a la CRAC-PF fue decisión de la asamblea llevada a cabo el pasado lunes por el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales, comisarios municipales y la CRAC-PF, "ante el resurgimiento de la violencia" que ha permeado en municipios colindantes con la región Montaña, de la que responsabilizan al grupo delictivo Los Ardillos.
“Los que nos están acribillando, los que nos están secuestrando a nuestra gente son Los Ardillos (grupo delictivo). Tenemos conocimiento de que hay comunidades que están controladas por ellos, pero nosotros no hemos provocado a nadie, nos provocan a nosotros, por eso pedimos a las autoridades municipal, estatal y federal que nos apoyen con agentes de seguridad”, expresó Morales Rojas.
Según registros de autoridades, este grupo delictivo ha asolado en los últimos años la zona centro de Guerrero para mantener el control contra otros grupos. Tras la asamblea, las autoridades comunitarias reiteraron que la actuación de su policía comunitaria es legal, por lo que exigieron respeto y que ninguna autoridad levante acusación alguna.
“Recordamos a las autoridades que la actuación de la Policía Comunitaria es legal, la ley reconoce su función como actos de autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados, entre los que destacan la Constitución mexicana, la Constitución del estado de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Pública de Guerrero así como el Convenio, 169, de la OIT”, indicaron.
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