La Comunidad de Madrid vuelve a llevar una decisión del Gobierno central a los tribunales. Este miércoles, el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso ha informado de la interposición de un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Sanidad que estipuló la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros de salud y hospitales hace un par de semanas.
La presentación del recurso se ha aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno y se fundamenta en dos aspectos principales: que el área que dirige Mónica García decretó el uso obligatorio de mascarilla "sin el necesario acuerdo" entre las comunidades y el ministerio que marca el reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que tampoco aportó "criterios científicos y técnicos" para justificar la aplicación urgente de la medida.
Con estos argumentos, el Ejecutivo autonómico espera que los tribunales le den la razón y anulen la orden del ministerio. La resolución judicial que se adopte, sea en sentido favorable o no, se conocerá cuando los efectos de la decisión del uso de mascarilla por el repunte de gripe, Covid-19 y otras afecciones respiratorias carezcan de vigencia.
De hecho, el recurso a la Audiencia Nacional por parte de la Comunidad se conoce el mismo día que el boletín oficial autonómico recoge la orden de la Consejería de Sanidad que acaba con la obligatoriedad por la mejora de la incidencia de virus respiratorios. A lo que aspira el Gobierno regional con este recurso es a que los tribunales le den la razón para que, si a lo largo de la legislatura se presenta alguna situación similar en el seno del consejo interterritorial, las condiciones en las que se tome el correspondiente acuerdo no sean las mismas.
"Fue una cuestión totalmente improvisada", ha opinado Miguel Ángel García Martín sobre la orden que impuso la obligatoriedad de las mascarillas hace dos semanas.
Los argumentos de Madrid
"El Gobierno central tomó su iniciativa sin el necesario acuerdo de las comunidades autónomas, integrantes también del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", han insistido desde el Ejecutivo de la Puerta del Sol. "Esto no ocurrió ni en las fases más duras de la pandemia y es un requisito que exige la ley estatal 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud", ha añadido.
Además, se ha destacado que, bajo el punto de vista de la Comunidad, la situación de urgente necesidad que alegó el ministerio "no existía". "La propia orden no hace referencia a una situación epidemiológica distinta en lo referente a infecciones respiratorias agudas a las de años anteriores, ni en mortalidad ni en ingresos hospitalarios", se ha apuntado, para añadir: "Si la situación hubiera sido de este alarmante calibre, la orden se podría haber dictado el mismo día 4 de enero".
Comentarios