El tribunal militar que investiga la muerte por ahogamiento de dos militares el pasado 21 diciembre en la base de Cerro Muriano (Córdoba) ha acordado la imputación del capitán encargado de las maniobras, además de otros dos mandos, según ha informado el abogado de uno de los solados fallecidos.

Concretamente, el juez del Tribunal Togado Militar 21 de Sevilla, que investiga lo ocurrido tras la inhibición del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, ha decidido imputar al capitán, retirado de inmediato de sus funciones, a un teniente y a un sargento presentes en el ejercicio acuático.

Según Luis Romero, abogado de la familia de Carlos León, los imputados podrían haber incurrido en un delito contra la eficacia del servicio, que se produce cuando el militar incumple sus deberes fundamentales, causando "grave daño en los medios o recursos de las Fuerzas Armadas o en las personas, o riesgo para el servicio o para la seguridad de una fuerza, unidad o establecimiento de las Fuerzas Armadas". 

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Según Romero, esto se ha producido porque "las medidas de seguridad no cumplieron su función y no había una línea de vida". Además, el abogado insiste en que las mochilas "que debían funcionar de flotador no estaban debidamente estanqueizadas y tenían un sobrepeso muchas de ellas de tres kilos y medio".

El soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar fallecieron en un ejercicio de entrenamiento durante la sexta semana de instrucción, denominado "cruce de paso de río", que comenzó a las 9.00 horas del 21 de diciembre y que se realiza con equipamiento. La Unidad de Preparación Básica de la que formaban parte los fallecidos estaba integrada por 76 soldados, 72 hombres y cuatro mujeres.

El capitán al mando de la unidad y responsable del ejercicio fue retirado del mando de la unidad "de forma inmediata" y "sin perjuicio del resultado de la investigación judicial que se está llevando a cabo", según informaron en su momento el Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa. La investigación para aclarar lo sucedido está ya en marcha.

Romero afirma que esta imputación "les da la razón en cuanto a que no se trató de un mero accidente" sino a una negligencia, ya que la circunstancias "no eran las idóneas". Con todo, la investigación del caso sigue su curso y tanto el Ministerio de Defensa como las asociaciones militares piden respeto por el proceso judicial.