La muerte de los dos soldados el pasado mes de diciembre durante unas maniobras en un pantano del Cerro Muriano, en Córdoba, sigue generando reacciones por las circunstancias en las que se produjo el accidente. Luis Romero, el abogado que representa al la familia del soldado fallecido Carlos León, de 24 años, aseguró esta semana que cerca de una veintena de soldados llevaban sobrepeso en su mochila como castigo por un ejercicio anterior. Esto ha provocado que se abra un debate entorno a los castigos físicos, algo que varias asociaciones de militares han denunciado, recordando que son un delito de abuso de autoridad.
El soldado León y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar fallecieron en un ejercicio de entrenamiento durante la sexta semana de instrucción, denominado "cruce de paso de río", que comenzó a las 9.00 horas del 21 de diciembre y que se realiza con equipamiento. La Unidad de Preparación Básica de la que formaban parte los fallecidos estaba integrada por 76 soldados, 72 hombres y cuatro mujeres.
El capitán al mando de la unidad y responsable del ejercicio fue retirado del mando de la unidad "de forma inmediata" y "sin perjuicio del resultado de la investigación judicial que se está llevando a cabo", según informaron en su momento el Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa. La investigación para aclarar lo sucedido está ya en marcha.
El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez, ha advertido en declaraciones a 20minutos de que "los castigos son ilegales y están prohibidos en el Ejército", y que "la dureza de los entrenamientos no puede justificar que se lleven a cabo". "Las instrucciones para combates nos llevan al limite, por lo que a veces es complicado demostrar qué es una cosa y qué es otra", afirma Gómez. "Hay miedo por desconocimiento, porque a un chico que entra con 18 años y lo ven mal uniformado o haciendo mal el saludo lo que tienes que hacer es dar parte, pero eso conlleva trabajo, por lo que a veces se prefiere realizar un castigo rápido", agregan desde ATME.
El castigo físico en las Fuerzas Armadas se considera un delito de abuso de autoridad en la modalidad de trato degradante tipificado en el Código Penal Militar. Así, la ley orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas establece que "la dignidad y los derechos inviolable de la persona son valores que tiene obligación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso los militares estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que supongan menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de sus derechos".
Gómez recuerda que, pese a todo, los castigos físicos "no son lo habitual" y que cuando se dan hay que denunciarlos porque "es ilegal e inmoral hacia un subordinado". En el mismo sentido se ha pronunciado esta semana la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), que ha manifestado su rechazo a esta práctica y defienden el "estricto cumplimiento de la normativa de aplicación en cada caso".
El abogado de la familia de León ha asegurado ante la prensa que en los ejercicios "no había línea de vida", "ni ambulancia ni flotadores o salvavidas" a los que poder asirse en caso de peligro, ya que en la balsa "no se hacía pie". Desde ATME reconocen que cuando ocurren desgracias lo primero que hay que revisar es si hay un fallo de protocolo y cambiarlo. "El Ministerio de Defensa cuando pasa esto legislan en caliente, pero hay que hacerlo bien. Ver fallos y depurar responsabilidades".
No obstante, Gómez afirma que la asociación suscribe las palabras de la ministra y quieren "que todo el mundo diga la verdad y que se llegue hasta el final". Desde ATME reconocen que "cuando ocurren estas cosas se impone una orden no escrita de silencio para no perjudicar a la unidad". "Hay que decir la verdad, pero si a la persona que va a hablar le meten mano en el sueldo, le arrestan por cosas cotidianas que antes no hacían o le hacen informe negativo… A ver quién es valiente que va a declarar", agrega. "Los militares tenemos una peculiaridad: hacemos muchas cosas complicadas y pasamos penurias con toda la valentía sin preocuparnos por lo que nos pasa, pero también somos los más cobardes a la hora de dar la cara para defender a un compañero que ha sufrido un accidente y al que hay que hacerle justicia", lamenta Gómez.
Pese a que las asociaciones preguntadas piden respeto por la investigación que está en marcha, si reconocen que se inclinan porque la lleve un tribunal civil antes que un militar. Iñaki Unibaso, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), asegura a este medio que entienden que la justicia civil será "más garantista". "La justicia militar está en mínimos, entre otras cosas por la renovación del CGPJ, que afecta a los nombramientos de jueces", afirma.
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