"El Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas". Con esta afirmación, desde Moncloa han matizado las declaraciones de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, quien este viernes ha acusado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor de la causa de Tsunami Democràtic, de tener "una implicación política importante" y "una cierta querencia a pronunciarse en la misma dirección y en un momento particularmente oportuno".

"Yo sería muy cauta en la manera respecto a la manera en que se está pronunciando este miembro [del Poder Judicial], que nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esa dirección y en momentos políticos sensibles", ha dicho Ribera en una entrevista en TVE sobre el magistrado que investiga al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo.

Las declaraciones de la también ministra de Transición Ecológica han suscitado enseguida las críticas del PP, que ha acusado a Ribera de "poner voz a los que dicen que en España hay lawfare" al cuestionar al juez. El portavoz popular y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha censurado que una vicepresidenta del Gobierno acuse a un magistrado de "prevaricación" y considera que hay una "escalada" en "el ataque del Gobierno a la división de poderes y a la defensa de los políticos independentistas a costa de nuestro Estado de Derecho".

Tras la polémica, fuentes de Moncloa han asegurado que el Gobierno "demuestra con su actuación su respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor". Sin nombrar a Ribera explícitamente, las fuentes añaden que "con estos principios de actuación, el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas".

Eso sí, Moncloa recuerda que en el caso de Tsunami Democràtic, las decisiones de García Castellón "fueron recurridas por el fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional", un "debate jurídico" que "se resolverá por los órganos judiciales", una decisión que "el Gobierno respetará, por supuesto".

Para el Ejecutivo, "si en España hay un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Judicial es el secuestro al cual el Partido Popular está sometiendo al CGPJ bloqueando su renovación desde hace más de cinco años". "El Gobierno defenderá a los jueces y magistrados de nuestro país de cualquier injerencia en su trabajo, también de los intentos de hacerlo del PP", apunta.