El choque entre el juez instructor Manuel García Castellón y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se intensifica ahora que el togado ha desestimado el recurso del Ministerio Público contra la decisión de pedir al Tribunal Supremo que investigue a Tsunami Democràtic por terrorismo. En un auto recién dictado, García Castellón lamenta "tener que insistir" ante la Fiscalía "sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios" de terrorismo. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional entiende que "debe reflexionarse" sobre las reticencias de la Fiscalía para investigar el posible terrorismo de Tsunami Democràtic y recuerda que la función de los fiscales es "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad". 

Por su parte, el juez vislumbra la comisión de delitos graves por parte de Tsunami, con una "clara afectación" a los intereses y estructuras del Estado. Señala además que la organización causó "daños concretos" a infraestructuras y "lesiones graves" a las víctimas, y mantiene su postura al señalar que la competencia para la investigación es del Tribunal Supremo. 

Nuevos indicios: una acampada y una concentración

Pese a que el Ministerio Público cree que los indicios de terrorismo son "insuficientes", García Castellón habla de "nuevos elementos de juicio" que permiten "consolidar la hipótesis de calificación inicial". Se refiere, en este sentido, a dos acontecimientos recogidos en un informe de la Guardia Urbana que, según dice García Castellón, encajan en el supuesto de terrorismo. 

Ambas acciones se dieron en la jornada de reflexión de las elecciones generales de noviembre de 2019: una "acampada no comunicada en la Plaza Universidad de Barcelona" y una "concentración no comunicada en Gran Vía de les Corts Catalanes a la que asistieron 7.000 personas". 

La publicación del auto que recoge estos indicios coincide con el debate sobre las enmiendas a la ley de la amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso, el órgano encargado de retocar la proposición. Una de las propuestas, impulsada por Junts y ERC, consiste en incluir en la amnistía todos los delitos de terrorismo, mientras que el texto actual solo los perdona cuando no han sido sentenciados en firme. 

García Castellón señala en el documento que las diligencias acordadas en noviembre "han permitido ahondar en la existencia de las finalidades" previstas en el Código Penal que permiten considerar un posible delito de terrorismo. Por eso considera que "el recurso no puede prosperar". 

El instructor dictó un primer auto a primeros de noviembre en el que situó a Carles Puigdemont tras la organización Tsunami Democràtic e imputó a Marta Rovira junto con otras 10 personas por terrorismo. 

La Fiscalía tardó tres días en presentar su recurso: indicó que los indicios en los que se apoya García Castellón son "insuficientes" y que la investigación no ha "arrojado elementos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista, que es lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional". Por tanto, la Fiscalía se mostró partidaria de trasladar la causa a los tribunales de Barcelona, donde ocurrieron las acciones de Tsunami.

Lejos de atender a la propuesta de los fiscales, García Castellón pidió al Supremo que abriera una causa contra Puigdemont, Rovira y el resto de imputados por terrorismo. Razonó que, al estar aforados tanto el expresident como el diputado del Parlament Rubén Wagensberg, la competencia para continuar las pesquisas es del alto tribunal. 

El recurso de la Fiscalía llegó de inmediato y señalaba que el instructor había enviado al Supremo la exposición razonada sin haber resuelto previamente el anterior recurso del Ministerio Público. 

Rechaza el recurso de Marta Rovira

García Castellón ha rechazado un segundo recurso presentado por Marta Rovira contra la decisión de cursar una comisión rogatoria a Suiza para que se comunique el paradero de la secretaria de ERC. El magistrado mantiene su petición de tratar de determinar el paradero y la información bancaria de Marta Rovira, tal como solicitó a un banco helvético.