En España ocurren tantas cosas, y casi todas son tan relevantes, que algunos asuntos poco edificantes han dejado de ser noticia y, como consecuencia, no se debate sobre ellos. Pero hagamos una excepción.

Ayer, el Congreso votó tres nuevos decretos-leyes del Gobierno –en una batalla política con sus propios socios, que augura sudores fríos en Moncloa durante toda la legislatura–. El presidente es un entusiasta de los decretos, a pesar de que la Constitución establece en su artículo 86.1 que solo deben emplearse en caso de "extraordinaria y urgente necesidad".

Ningún jefe del Gobierno ha emitido tantos decretos como Sánchez. Por poner solo un ejemplo comparativo: Felipe González ha sido, de momento, el presidente con más años en Moncloa, casi catorce; en ese tiempo, sus gobiernos emitieron 129 decretos-leyes; Pedro Sánchez lleva cinco años y medio en el poder, y ya ha emitido 142.

Para no perder ese ritmo, este nuevo mandato de Sánchez en Moncloa se ha inaugurado con la presentación de tres nuevos decretos que, unidos a los anteriores y si tenemos en cuenta la prescripción constitucional, nos deben hacer pensar que España sufre una permanente situación de "extraordinaria y urgente necesidad" de casi todo. Y que, por tanto, la labor legislativa que debe realizar el Parlamento, a través de debates sosegados y detallados, es una antigualla.

Un análisis alternativo a esta explicación es que, en realidad, Moncloa abuse de los decretos porque considere que el Parlamento no es digno de cuestionar las decisiones que adopta el partido en el poder. Pero eso sería tanto como otorgar una sospecha de autoritarismo a quienes gobiernan, y tal sospecha sería políticamente incorrecta.

Ante la evidencia de que no ha conseguido nunca un número suficiente de escaños para gobernar sin depender de otros, Pedro Sánchez ha hecho eso de lo que él mismo presume tan a menudo: de la necesidad virtud. Si solo se puede gobernar en coalición y con socios parlamentarios incómodos –y hasta inconvenientes–, ‘vendamos’ esa necesidad aritmética como una virtud política. Y, sin embargo, siempre que tiene ocasión impide que esos socios que sostienen su poder desde el Parlamento puedan debatir con la necesaria profundidad los asuntos que Moncloa pretende convertir en leyes, a través de decretos.

La Constitución establece en su artículo 86.1 que los decretos solo deben emplearse en caso de "extraordinaria y urgente necesidad".

Gobernar por decreto no es el mejor ejemplo de democracia que puede ofrecer un país. Los sistemas parlamentarios occidentales se han dotado de mecanismos de contrapeso político para evitar la tendencia al autoritarismo que pueda sufrir un gobernante. Y hay riesgo de que esa predisposición al decreto se acabe trasladando a algunas leyes que se aprueben con precipitación. ¿Recuerdan la del ‘solo sí es sí’?