La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) y otras acusaciones populares han reclamado a la Audiencia Nacional imponer hasta 33 años de cárcel a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista. Además de estos delitos, el escrito de acusación atribuye ocho de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y otros ocho delitos de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.

Aunque la investigación a los CDR sigue su curso en la Audiencia Nacional, esta es una de las causas que se vería afectada por la ley de amnistía una vez entre en vigor, siendo probable que la Audiencia deba proceder a a archivarla. Con todo, la acusación ha presentado su escrito reclamando una pena de 33 años de prisión para Eduardo Garzón Bravo, Jordi Ros, Alexis Codina, Germinal Tomás Abueso, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva y Rafael Joaquín Delgado. A todos ellos les atribuye, en primer lugar, un delito de pertenencia a organización terrorista por el que la acusación pide una condena de diez años de cárcel e inhabilitación. 

En segundo lugar, por el delito de tenencia, depósito y fabricación de explosivos e inflamables, la asociación pide 13 años de cárcel para cada uno de ellos. Y por último, la acusación solicita un castigo de diez años de prisión para cada uno por el delito de estragos de carácter terrorista en tentativa. Para los cuatro acusados restantes (Ferrán Jolis, Xavier Biugas, David Budria y Clara Borrero) la acusación pide ocho años de prisión e inhabilitación por pertenencia a organización terrorista.

El escrito de la ACVOT comienza hablando de "grupos y grupúsculos" que "actuaron de forma organizada, coordinada y planeada" para "subvertir el orden constitucional" en el marco del referéndum ilegal de independencia. Así, el documento señala que los CDR pretendían "alterar la paz social y crear un clima de terror e inseguridad en las calles de toda Cataluña y en especial en la capital". Eran "los encargados de capitalizar la lucha callejera" y persiguieron dos objetivos: facilitar la celebración del referéndum y, más adelante, "velar por el cumplimiento" de su resultado. 

A lo largo de 70 folios, la asociación repasa el papel de cada uno de los procesados por el Juzgado Central de Instrucción número 6 en las actividades "de naturaleza delictiva-terrorista" cometidas por los CDR, "una organización estable y permanente en el tiempo". "Cada uno de los individuos sometidos al presente procedimiento estaba afiliado a una comisión local, desarrollando sus acciones dentro del ámbito de una localidad o pueblo", apunta el texto. 

Por otro lado, prosigue, los 12 imputados formaban parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que surgió como herramienta para alcanzar la independencia "por cualquier vía, incluidas las violentas". Dentro de este grupo, "se organizaban de manera jerárquica", de forma que cada individuo desempeñaba una serie de tareas "perfectamente especificadas". 

Según se relata, los ERT realizaron cortes en las carreteras, vertidos de sustancias "como aceite" en las carreteras para impedir el traslado de los presos por el procés, y "por si fuera poco", desarrollaron laboratorios clandestinos para fabricar explosivos. "Los objetivos en los que ponían el foco de su ira eran infraestructuras sensibles e incluso personas pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", recuerda el escrito de acusación.

La Fiscalía pidió penas de entre 8 y 27 años de cárcel

El pasado 24 de noviembre, el Ministerio Público solicitó imponer penas de entre ocho y 27 años de prisión para los 12 imputados de los CDR, achacándoles delitos de pertenencia a organización terrorista y, a ocho de ellos, delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y de estragos de carácter terrorista en tentativa. La Fiscalía se refirió también a la pertenencia de los imputados al ERT, "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados". 

La ley de amnistía, que se tramita a día de hoy en el Congreso de los Diputados, excluye de la medida de gracia los delitos de terrorismo. Sin embargo, estas acciones si podrán beneficiarse de la amnistía cuando no haya recaído sentencia firme, de forma que los CDR podrían ser amnistiados y la causa quedaría archivada.