El mundo de la Justicia sigue en alerta ante la futura ley de amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas. Tras las asociaciones de jueces y fiscales y numerosos órganos judiciales de toda España, esta vez han sido los fiscales de la causa del procés los que han elevado la voz. Lo han hecho enviando un escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que le piden "amparo institucional" frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas para detectar supuestos casos de lawfare y depurar responsabilidades, una misiva a la que el jefe del Ministerio Público ha contestado que "velará siempre por la autonomía" de los fiscales.

Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno habían reclamado a García Ortiz que, "en su condición de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano", les concediera "amparo institucional" porque "junto con la concesión de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público".

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que dicho acuerdo establece que "la valoración que efectúen esas comisiones de investigación sobre tales decisiones y actuaciones judiciales podrá servir para ejercer acciones de responsabilidad contra quienes legítimamente y en el ejercicio de sus funciones defendieron la legalidad constitucional frente a los graves ataques de que fue objeto y activaron la obligada respuesta judicial mediante la aplicación de las leyes penales frente a acciones delictivas de una gravedad incuestionable".

"El contenido de este acuerdo nos genera una especial preocupación, ya que conculca el principio de separación de poderes y cercena de raíz la independencia judicial", afirman los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que subrayan que "la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el Legislativo, no es admisible en un Estado que se proclama democrático y de Derecho", y que "iniciativas como esta claramente demuestran el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial".

Alertan además de que "el reconocimiento de que la actuación judicial fue injustificada y obedecía exclusivamente a razones políticas -con la inclusión de términos absolutamente improcedentes como lawfare o judicialización de la política-, obviando la naturaleza manifiestamente delictiva de los actos que se cometieron y el respeto institucional que la función jurisdiccional merece en un Estado de Derecho, representa una quiebra absoluta de los valores constitucionales que inspiran nuestra democracia, en particular de la justicia, el pluralismo político y de la igualdad ante la ley".

Asimismo, reivindican que su intervención en la causa del procés "se sujetó estrictamente a los principios de legalidad y de imparcialidad, actuando siempre conforme al principio de unidad de actuación y de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Fiscalía General del Estado". Por eso, consideran que "calificar el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias como injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos solo puede entenderse como un ataque a la institución que debe ser objeto de respuesta".

Por ello, reclaman a García Ortiz que "actúe en defensa de la legalidad constitucional, recordando a los poderes públicos el estricto cumplimiento de la ley, y en defensa de quienes, como miembros de esta institución, ejercieron sus funciones con responsabilidad, con imparcialidad y con sujeción a la legalidad en los procesos penales en cuestión".

Se posicionará sobre la ley cuando haya ley

El fiscal general, en otra carta remitida a Zaragoza, Madrigal, Moreno y Cadena, pero también al conjunto de la carrera fiscal, responde que "cualquier posicionamiento del Ministerio Publico respecto de una futura amnistía (...) exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento". Por eso, afirma que la posición técnica-jurídica que tome la Fiscalía se hará "a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda" su intervención.

Y ello, explica García Ortiz, porque el Ministerio Fiscal "debe respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de Derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado". En este sentido, hace hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "prevé como una de sus primeras funciones la de velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa".

En consecuencia, señala, "el fiscal general del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados".

No obstante, asegura que "velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas". Recalca, además, que "la observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el Ministerio Fiscal, en ocasiones desarrollados en las más difíciles condiciones, lo que aumenta el valor añadido del cumplimiento de la misión constitucional que las y los fiscales tienen encomendada".