Sevilla quiere estar lista para empezar a regular las viviendas turísticas en cuanto la Junta de Andalucía dé luz verde al decreto que otorgará competencias a los ayuntamientos en esta materia. Por ello, y con el fin de no perder tiempo, el Ayuntamiento hispalense ha dado un nuevo paso en la ordenación de este asunto, que no deja de generar polémica por el aumento del turismo en la ciudad, y sobre el que el propio alcalde, José Luis Sanz, ha afirmado que hay que poner veto.

Así, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Consistorio ha abierto ya el periodo de consultas públicas previas a la redacción de una norma con la que poder regular este tipo de inmuebles, con un plazo que se cerrará el próximo 4 de diciembre. Quienes quieran hacer sus aportaciones, deberán utilizar el enlace consultaspreviasplaneamiento@urbanismo-sevilla.org habilitado en la página web de la Gerencia.

"Con este proceso, nos anticipamos con el único objetivo de ganar tiempo para que en el momento que el decreto de la Junta de Andalucía entre en vigor, el Ayuntamiento pueda implementar las medidas oportunas para la limitación en su caso de las viviendas con fines turísticos", ha argumentado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, que ha concluido que "todo ello, gracias al continuo contacto que el Ayuntamiento está manteniendo con la Consejería de Turismo".

Cabe recordar que, según anunciaron hace un mes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el primer edil hispalense en un encuentro institucional en el Ayuntamiento, se prevé que la Junta apruebe el decreto en cuestión antes de que finalice este año.

Este paso, ha abundado De la Rosa, es "anterior incluso a la elección del instrumento normativo más adecuado para esta regulación" y con él, "los sujetos y las organizaciones que se sientan afectados por esta cuestión podrán realizar aportaciones y expresar su opinión al respecto", ha anunciado. El Ayuntamiento, ha garantizado el edil, "tomará en consideración todas las opiniones que se recaben durante el periodo de consultas previas para definir las medidas a adoptar para las limitaciones que se establezcan, así como para decidir qué instrumento normativo es el más adecuado para canalizar esta regulación".

El objetivo de la norma será "fijar unas limitaciones proporcionadas en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico, tratando de armonizar el interés de los propietarios por obtener un beneficio económico de sus bienes inmuebles con otros intereses públicos, como son la protección del medio ambiente, el derecho al descanso o, la necesidad de preservar el uso urbanístico residencial". Es decir, que la futura regulación se sustentará sobre dos líneas básicas: la "protección del derecho a la vivienda y la protección del entorno urbano".