El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha rechazado los argumentos del vocal progresista Álvaro Cuesta para desconvocar el pleno extraordinario de este lunes en el que se abordará la amnistía del procés.
Cuesta había pedido este domingo la desconvocatoria al considerar que es "manifiestamente ilegal" y ha anunciado que no asistirá en caso de celebrarse porque no quiere contribuir "a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023".
Pero Guilarte le ha respondido en un escrito que "la convocatoria se ha realizado de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ".
Por tanto y "en concordancia con los antecedentes registrados en supuestos análogos en los que la presidencia del CGPJ ha atendido siempre las solicitudes de convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno que se le han cursado por diferentes vocales", manifiesta que "no procede acceder a lo solicitado".
El Consejo celebra este lunes un pleno extraordinario de alto voltaje, a petición de los vocales conservadores, duramente criticados por los progresistas, que ven su propuesta como una "incitación a la sublevación de las togas".
Guilarte aceptó la propuesta de estos ocho vocales que, sin conocer aún el texto de la proposición de ley, consideran la amnistía una "medida de abolición del Estado de Derecho" que "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia en "una quimera".
Por su parte, Cuesta subraya que no quiere participar de "decisiones que sin duda mancillan el nombre de este Consejo General del Poder Judicial" y recuerda que sigue en funciones diez años después de haber expirado su mandato.
Califica de "proclama" la propuesta de declaración institucional sobre la amnistía de los ocho vocales conservadores que esperan que respalde este lunes el pleno, que subraya que la amnistía no es viable dentro del marco constitucional y que es incompatible con el Estado de derecho.
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