Hacienda esperará a diciembre para decidir si mantiene o no alguna de las medidas del paquete anticrisis que, si no se renueva, finalizará con la llegada del año nuevo. Desde el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero creen que la recaudación tributaria acelerará a partir del mes de octubre por la caída en las devoluciones, lo que dejaría algo de margen presupuestario para mantener alguna de las medidas actualmente en vigor, o incorporar otra nueva.

Así lo ve el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que ha participado este jueves en unas jornadas informativas convocadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). El número dos de Montero ha señalado que, teniendo en cuenta lo cambiante de la situación económica, lo lógico es hacer la lectura sobre el paquete de medidas "en el último minuto". 

"Es una decisión claramente del mes de diciembre que tiene que ser compatible con la senda de reducción del déficit y la deuda", ha defendido Gascón. El secretario de Estado cree que lo primero es conocer cuál es el margen fiscal del que dispone el Estado y, llegado el momento, ver cuál es la situación desde el punto económico y de precios.

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Gascón ha defendido que los ingreso tributarios se situaban en septiembre un 4,5% por encima del nivel registrado a estas alturas de 2022. Una tasa de crecimiento que se acelerará a partir de octubre gracias a la disminución de las devoluciones tributarias que se espera que se produzca. El secretario de Estado cree que los meses de noviembre y diciembre serán buenos a nivel de recaudación, lo que permitirá encontrar "algo de margen" fiscal cuando llegue el momento de tomar la decisión.

En todo caso, todos los indicadores apuntan a que ese margen fiscal resultará escaso. Las previsiones de ingresos y gastos que el Gobierno en funciones ha reflejado en su planificación presupuestaria reconocen que apenas hay espacio para prorrogar o adoptar nuevas medidas. Cualquier aumento de gasto o reducción de ingresos, más allá de lo que ya se conoce, corre el riesgo de desviar a España del objetivo de déficit del 3% del PIB al que se ha comprometido el Gobierno. 

La Airef estima que el paquete de apoyo ha tenido un coste en 2023 de 14.936 millones de euros entre aumento de gasto e ingresos perdidos. Solo la rebaja fiscal a la factura de la luz tuvo un coste de 5.822 millones en recaudación que se dejó de percibir.

En todo caso, el número dos de Montero ha insistido en que la decisión no está tomada todavía. Será el próximo Gobierno quien deberá pronunciarse sobre lo que ocurre con el paquete. Un Ejecutivo que, en previsión a lo ajustado de los plazos, no tendrá aprobados unos Presupuestos Generales del Estado para 2024 hasta el año que viene.

Respecto al proceso de ajuste fiscal que afrontan ahora los países europeos tras cuatro años de gran esfuerzo para las finanzas públicas, Gascón ha reclamado que debe ser compatible con el crecimiento de la economía. El secretario de Estado de Hacienda ha recordado las experiencias "no demasiado lejanas" con la austeridad y el cumplimiento de objetivos a toda costa que acabaron "profundizando la crisis". Para Gascón, las nuevas reglas fiscales —cuya reforma todavía se debate en el seno de la UE— deben ser compatibles con inversiones verdes o digitales y con compromisos de gasto en ámbitos como el de la defensa.

Exenciones fiscales a la Iglesia Católica

El secretario de Estado de Hacienda ha aprovechado su intervención para anunciar que el viernes se aprobará una orden ministerial que pondrá fin a la exención fiscal a la Iglesia Católica en el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La decisión de acabar con esta exención se tomó el pasado mes de marzo y de mutuo acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el Ejecutivo.  

La medida forma parte del impulso por armonizar el régimen fiscal de la Iglesia Católica con el del resto de entidades sin ánimo de lucro. No obstante, la Conferencia Episcopal conservará todavía la exención de la que goza en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Se estima que el fin de la exención supondrá un impacto para la Iglesia Católica de unos 16 millones de euros.