Aigües de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona han firmado la renovación del convenio para combatir la emergencia en el ámbito de la pobreza energética que se firmó en 2018, así como el convenio para la aplicación del Fondo de Solidaridad en el municipio, iniciado en 2012.

La segunda teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de Vida del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugenia Gay, y el consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos, han firmado este lunes la renovación del protocolo para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética. El objetivo del protocolo es fijar el procedimiento para garantizar el suministro de agua a quien no pueda pagarla por falta de recursos económicos.

Maria Eugènia Gay ha destacado que, “con esta colaboración, marcamos un paso importante en nuestra misión común de luchar contra la pobreza energética y hacer de Barcelona una ciudad más justa y sostenible”. La teniente de alcaldía también ha afirmado que "estamos comprometidos a no dejar a nadie atrás, asegurando que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan disfrutar de las ventajas de la energía segura y sostenible."

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Por su parte, Felipe Campos ha mostrado su satisfacción por la renovación del acuerdo, “que se enmarca en el compromiso firme con la mejora de la calidad de vida de las personas del territorio en las que operamos, en especial, las que más lo necesitan”. En este sentido, ha reforzado el papel clave de la colaboración público-privada "con el fin de encarar los retos actuales e impulsar iniciativas y proyectos de impacto social, que nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa y sostenible".

El documento establece que, ante un impago de facturas, Aigües de Barcelona debe solicitar a Servicios Sociales del Ayuntamiento un informe de valoración de la situación de exclusión residencial, para garantizar el agua a todo el que lo necesita. Aigües de Barcelona no puede proceder a la suspensión del suministro si el informe de Servicios Sociales indica que se trata de una persona o unidad familiar vulnerable (los supuestos que establece la Ley 24/2015). 

Por último, la empresa se compromete a formalizar un contrato de suministro de agua a las familias sin derecho de uso sobre la vivienda si el Ayuntamiento lo solicita, y garantizar así que las familias en situación de vulnerabilidad social o económica puedan acceder al servicio básico del agua.