La 'Sección de Protección del Patrimonio Urbano' de la Policía Municipal ya tiene fecha para empezar a patrullar las calles de Madrid: el próximo lunes, 30 de octubre. Dentro de una semana, esta brigada, nutrida de 40 agentes, se pateará la ciudad, especialmente el centro, durante las 24 horas del día a la caza de autores de grafitis, según ha adelantado a 20minutos la vicealcaldesa, portavoz y delegada municipal de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

Fue una de las promesas electorales del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, durante la campaña de mayo y está a punto de convertirse en una de las medidas estrella del área de Seguridad. "Si en la anterior legislatura pusimos el foco en la venta ambulante ilegal y las okupaciones de los edificios municipales, en esta uno de los objetivos tiene que ser los grafitis. Lo decimos siempre: no es arte urbano, es vandalismo", señala la mano derecha del regidor.

¿Por dónde y cómo actuarán? "12 agentes por turno, de mañana, tarde y noche, se dedicarán específicamente a combatir las pintadas en algunos barrios del centro y en los distritos donde más se concentra esta actividad", explica Sanz. Podrán ir de paisano, lanzar operaciones especiales en puntos con mayor incidencia o tirar de la ayuda de la policía judicial para analizar la grafología de las pintadas con tal de detectar si es la misma persona quien está detrás de varios grafitis.

Dicho personal ya está seleccionado, ahora se encuentra en una fase de formación específica para las labores que van a desarrollar. Se ubicarán en la Unidad de Policía de Moncloa, su nueva base de operaciones.

Multas de hasta 6.000 euros

Esta patrulla completa la estrategia del Gobierno de Almeida contra los grafitis, que son castigados más severamente a raíz de la nueva Ordenanza de Limpieza de 2022. El Ayuntamiento de Madrid impone sanciones que van de lo 2.000 euros por realizar pintadas en mobiliario urbano, muros, pilares o puertas hasta los 3.000 para supuestos de vandalismo a monumentos icónicos. Antes la multa leve era de 600 euros. Además, la infracción a los reincidentes puede alcanzar los 6.000 euros. Y, por primera vez, cualquier pintada, con independencia de la propia sanción, exige la reparación del bien por parte de su autor.

No conviene confundir a estos agentes con los efectivos de la otra patrulla antigrafiti, el grupo especializado que nació al calor del contrato de Servicio Público de Limpieza Urgente (Selur) en septiembre del año pasado. Estos 55 operarios, organizados en 12 equipos, se dedican a borrar las pintadas de las paredes. Una labor esencialmente higiénica. Van ataviados con trajes que parecen salidos de un laboratorio, emplean productos de limpieza que hasta ahora no se cubrían por parte de los servicios municipales y son muy rápidos a la llamada de los ciudadanos: hasta 3 horas en casa de que las pintadas sean de carácter alusivo y un máximo de 7 días si son de otra índole.