Barcelona reabrirá los expedientes a las 33 terrazas infractoras de Ciutat Vella y no renovará las licencias. El tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmado durante la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda que "no habrá impunidad" para las 33 terrazas del distrito de Ciutat Vella a las que se les caducaron los expedientes sancionadores por infracciones graves y muy graves, y que los reabrirá.

En su comparecencia a petición de ERC, Batlle (como representante del Gobierno de Jaume Collboni) ha insistido en que "de ninguna de las maneras habrá impunidad" y ha anunciado que recuperarán los expedientes para proceder con las sanciones que correspondan.

El teniente de alcalde ha atribuido la responsabilidad a los comuns, puesto que era el grupo que gobernaba en Ciutat Vella en el anterior mandato, mientras que el concejal de BComú Guille López ha acusado a los socialistas (en concreto al propio Batlle) de ser ellos quienes los "dejaron caducar". "La caducidad del expediente no supone la impunidad de los infractores", ha reiterado Batlle. 

Reproches entre PSC y BComú, anteriores socios de gobierno

Ante la atribución mutua de responsabilidades entre PSC y BComú, el concejal de Junts Jordi Martí ha pedido a ambos grupos que aclaren quién dejó caducar los expedientes: "¿De quién es la responsabilidad?", ha preguntado tras escucharles.

También ha pedido "definir la responsabilidad política" el concejal del PP Juan Milián, mientras que desde ERC Elisenda Alamany ha pedido cerrar las terrazas que han incumplido la normativa, y Liberto Senderos (Vox) ha acusado al anterior gobierno liderado por Ada Colau (BComú) de ir en contra de la restauración.

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Licencias "tácitamente" renovadas

Así, Batlle ha detallado que las licencias de estas terrazas están "tácitamente" renovadas desde el 1 de enero, ya que asegura que el pago de las tasas se suele demorar hasta octubre del mismo año, pero que no se había oficializado por falta de cobro.

También ha explicado que recibieron 173 alegaciones que cuestionaban principalmente que la no renovación no hubiera sido comunicada con suficiente antelación antes del 1 de enero, que el cobro se tendría que haber producido a principios de año, y que el procedimiento tendría que haber sido la revocación de la licencia, si ya se consideraba renovada.

Por eso, dado que a principios de junio seguían entrando alegaciones, "los responsables políticos del anterior gobierno en el distrito de Ciutat Vella optaron por no continuar con los procedimientos y hacer operativa la caducidad", ha dicho Batlle.