El Gobierno ha revisado al alza su previsión de crecimiento económico para 2023 y la sitúa ahora en el 2,4%, tres décimas por encima de la referencia con la que elaboró los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Así aparece reflejado en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo remitió a Bruselas el domingo, pero cuyo contenido se ha publicado este lunes. El nuevo pronóstico está más acorde con lo que señalan la mayoría de analistas y refleja el "mayor dinamismo de la economía española", defiende el ministerio de Asuntos Económicos en una nota que acompaña a la difusión del informe.

En el documento, donde se recogen las líneas generales de los presupuestos de todas las administraciones públicas, no se incluye la prórroga de las medidas de apoyo energético que concluyen el 31 de diciembre. Eso sí, el Ejecutivo deja claro que se reserva el derecho a extender o introducir nuevas medidas el año que viene si Pedro Sánchez logra ser reelegido.

A diferencia de la revisión positiva del crecimiento esperado para 2023, el Ejecutivo ha recortado sus expectativas para el año próximo. Un ejercicio en el que se espera que el PIB avance un 2,4%, cuatro décimas menos que el propio Gobierno vaticinó en abril. El estallido de la guerra en Gaza y la guerra de Ucrania hacen que el Ejecutivo sitúe "las tensiones geopolíticas y los conflictos" como "el principal factor de riesgo para la economía por su potencial impacto sobre los mercados de energía y la actividad económica en Europa y a nivel mundial".

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"El conflicto en Oriente Medio ha estallado hace unos días y estamos viendo el efecto a corto plazo", ha señalado este lunes el secretario de Estado de Economía y Empresa, Gonzalo García, en declaraciones a la prensa. "Las previsiones son prudentes y reflejan un escenario de volatilidad y de posibles riesgos de presiones en los precios internacionales de la energía", ha añadido.

Respecto al lastre para el crecimiento que supondrán las subidas de tipos de interés —cuyo efecto sobre la economía se notará plenamente en 2024— García reconoce el efecto adverso que están teniendo sobre las hipotecas y la inversión. Sin embargo, el secretario de Estado ha defendido que el empleo, las rentas salariales o el despliegue del plan de recuperación compensarán con creces el impacto negativo de la política monetaria.

En lo que respecta al empleo, el Ejecutivo confía en que entre 2023 y 2024 se creen 700.000 puestos de trabajo a tiempo completo y que la tasa de paro caiga por debajo del 11% ya el año próximo. En esa línea, se espera que los salarios sigan recuperando poder adquisitivo con un crecimiento de las retribuciones que superaría el aumento de los precios del consumo.

En lo tocante a las finanzas públicas, el Gobierno mantiene su objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB en 2024. Lo que en principio necesitaría de un ajuste fiscal de unos 12.000 millones, siempre y cuando, se cumpla el objetivo marcado para 2023 del 3,9%. En cuanto a la deuda pública, el plan es llevarla al 106,3% el año próximo.

Sigue la incógnita sobre el apoyo energético

Al no haberse empezado a tramitar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno ha planteado un escenario presupuestario que no incluye nuevas medidas de gasto o de ingresos. Salvo excepciones como la revalorización de las pensiones conforme al IPC o el incremento de los salarios públicos, que son gastos que ya estaban previstos.

En principio, si se hace caso al Plan Presupuestario, las medidas de apoyo energético a hogares y empresas que vencen el próximo 31 de diciembre no serían renovadas. Sin embargo, el Ejecutivo ha dejado claro que no descarta prorrogar algunas o introducir otras nuevas si logra revalidar mandato en las próximas semanas o meses. "No hay ninguna decisión tomada respecto a posibles cambios de las medidas que expiran al final de año", ha señalado García, quien ha agregado que será el nuevo Gobierno quien lo decida cuando empiece a trabajar. 

Conviene recordar que, entre las medidas que están en el aire, se encuentran toda la rebaja fiscal a la factura de la luz y el gas (la imposición está prácticamente en el mínimo legal); el mecanismo ibérico para abaratar el precio mayorista de la electricidad; la rebaja del IVA a determinados alimentos básicos o los descuentos al carburante de uso profesional de los transportistas.