¿PREGUNTAR OFENDE? por Miguel Ángel Aguilar

Los cronistas que el martes día 19 ocupaban sus puestos en la Tribuna de Prensa del salón de sesiones del Congreso de los Diputados, al hilo de las sucesivas intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, iban componiendo el retrato implacable de esa España abúlica y desnortada –sin pulso hubiera dictaminado Francisco Silvela– que con ellos por testigos estaba siendo desarbolada.

En paralelo con la Suite francesa de Irène Némirosky, La agonía de Francia de Manuel Chaves Nogales, o los Hechos de los Apóstoles, partos, medos y elamitas, catalanes, vascos y gallegos se aprestaban animosos a la defensa de sus lenguas cooficiales, que han decidido denominar lenguas propias, situando al castellano por contraposición en la categoría de lengua impropia. Los cronistas que el martes día 19 ocupaban sus puestos en la Tribuna de Prensa del salón de sesiones del Congreso de los Diputados, al hilo de las sucesivas intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, iban componiendo el retrato implacable de esa España abúlica y desnortada –sin pulso hubiera dictaminado Francisco Silvela– que con ellos por testigos estaba siendo desarbolada.

Sucede que si bien, según el artículo 3 de la Constitución, el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, parecería haber decaído, de manera que las demás lenguas españolas, también oficiales de acuerdo con sus Estatutos, han adquirido preponderancia y los castellanohablantes estarían pasando a ser postergados en el acceso a la educación, a la sanidad o a la función pública, por el demérito de recurrir a ella como lengua materna.

Frente a esa discriminación flagrante ninguna autoridad del Estado, que se sepa, ha salido en defensa de los damnificados para garantizarles la igualdad de trato a la que como españoles tienen derecho garantizado por la Constitución de 1978. Tan solo algunas asociaciones, como Sociedad Civil Catalana, Asamblea para una Escuela Bilingüe o Impulso Ciudadano, han comparecido donde ha sido preciso para denunciar los abusos, han tenido el valor de presentar las oportunas denuncias ante la policía y han instado las demandas correspondientes en los juzgados, las cuales han terminado sustanciándose ante los tribunales que les han dado una y otra vez la razón con sentencias inapelables, incluidas las dictadas por el Tribunal Supremo.

Sentencias que han sido desoídas, en particular por la Generalitat, sin que tampoco el Gobierno de la nación cumpliera como es su obligación haciéndolas cumplir en sus propios términos. A partir de ahí, nadie quedaría a salvo, como dijo el presidente John F. Kennedy en 1992 en su discurso para reconducir la desobediencia del gobernador de Mississipi, Ross Barnett, al afirmar que «los estadounidenses son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba, por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar largamente los mandamientos de nuestra corte y nuestra Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato, y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos».

Los periodistas, que seguían el martes 19 la sesión desde la Tribuna de Prensa, observaron atónitos cómo catalanes, vascos y galaicos habían defendido con ahínco no ya el uso del catalán, el vascuence o el gallego, sino sus compromisos con los procesos de construcción nacional en que se hayan implicados, pero también quedaron asombrados al comprobar que nadie había subido a la tribuna de oradores para defender lo que nos une a todos nosotros como ciudadanos de un mismo país. La pregunta es: ¿prevalecerá España sin nadie que la defienda, sin que a nadie le importe su continuidad como nación?

Entre tanto sigue sin aparecer el Diario de Sesiones del Pleno del martes que sirve de acta y si no hay acta, tampoco tienen validez los acuerdos. El destrozo institucional prosigue. Atentos.