La Comisión Ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de este lunes ha ratificado con carácter definitivo el convenio urbanístico que desarrollará los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. El Pleno de Cibeles debatirá la iniciativa en su sesión de este mes de septiembre, con lo que se permitiría desbloquear un ámbito pendiente de desarrollo desde hace más de 20 años. 

Sobre este suelo, se construirán 640 viviendas, de las que el 34 % estarán protegidas. También oficinas, equipamientos sanitarios, sociales y educativos, y se llevará a cabo la urbanización de más de 46.000 metros cuadrados de vías públicas y la creación de 23.460 m2 de zonas verdes.

El acuerdo aprobado avala el convenio urbanístico suscrito en diciembre de 2022 entre los dos propietarios de los terrenos: la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) y Pryconsa. La nueva ordenación urbanística de estos terrenos, impulsada por el área que dirige Borja Carabante, establece la distribución de las parcelas entre los dueños del suelo y el Ayuntamiento de Madrid.

La superficie total afectada por este convenio es de 172.143 m2, comprendida entre la avenida de los Poblados, la calle de Monseñor Óscar Romero y el parque Eugenia de Montijo. Dentro de los deberes legales recogidos en el acuerdo, se establece la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10 % del aprovechamiento urbanístico. 

De esta manera, el consistorio de la capital será el adjudicatario de una parcela con calificación de residencial para vivienda de protección pública básica de 4.178 m2 y una edificabilidad lucrativa total de 8.200 metros cuadrados. El Ayuntamiento también será propietario del 71 % de otra parcela de uso residencial en la categoría de vivienda colectiva libre.

Un hospital y 46.000 metros cuadrados de vías públicas

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid asume la propiedad de una parcela en el centro de estos terrenos, cuyo uso es dotacional de servicios colectivos, con calificación de equipamiento singular de salud (hospital). Su superficie es de 39.920 m2. La otra parcela dotacional cedida al consistorio estará destinada a un equipamiento básico de bienestar social (2.037 m2). Finalmente, el Ayuntamiento será el adjudicatario de cinco espacios destinados a zonas verdes, cuya superficie suma 23.460 m2, y de un total de 46.000 m2.

Por su parte, la Administración General del Estado mantiene la titularidad del terreno en el que actualmente se levanta una Comisaría de Policía Nacional y un Centro de Internamiento de Extranjeros (14.050 m2, con uso dotacional para servicios públicos). Se convierte también en adjudicataria, a través de Siepse, de dos parcelas que serán destinadas a oficinas (suman ambas casi 9.700 m2) y otra con calificación de equipamiento educativo (2.560 m2).

Siepse también será adjudicataria de cuatro parcelas: dos de uso residencial en categoría de vivienda colectiva libre, de 7.988 m2 y 10.435 m2; una residencial para vivienda de protección pública básica (15.638 m2), y, finalmente, el 28 % de otra para vivienda de protección pública básica que comparte con el Ayuntamiento.

Por último, Pryconsa será el titular de una superficie de 3.123 m2 para uso residencial (en categoría de vivienda colectiva libre).

En lo que afecta a la urbanización del terreno, Siepse asumirá frente al Consistorio el pago de la totalidad de las obras, así como, en su caso, las indemnizaciones y el coste de las demoliciones que hubiera que efectuar. El coste inicialmente previsto asciende a 25 millones de euros. Estas obras de urbanización se iniciarán en el plazo máximo de ocho meses desde la notificación al promotor del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de urbanización y tendrán una duración prevista de 15 meses