La tenista Arantxa Sánchez Vicario ha visto concluir el juicio por alzamiento de bienes que ha tenido, junto a su exmarido, Josep Santacana, mucho mejor de cómo comenzó: haber reconocido los delitos por los que el banco de Luxemburgo la sentó en el banquillo ha suavizado las pretensiones de la fiscalía, que ha decidido pedir una pena menor a la inicial, que no la obligaría a ingresar en prisión. 

A expensas de lo que decida la jueza en su sentencia, no antes de noviembre, la tenista puede decir que ha conseguido un éxito judicial, dado que con toda probabilidad evitará la cárcel. La fiscalía pedía para ella y para su exmarido, como cómplice del presunto alzamiento de bienes, cuatro años de cárcel.

Tanto la Fiscalía como el banco de Luxemburgo han valorado el reconocimiento de pena de la tenista y rebajan su petición a dos años de prisión, con lo que no tendría que ingresar. Además, piden una multa de 15 meses de multa a razón de 12 euros diarios. Y como responsabilidad civil, deberá pagar con su expareja los 6,6 millones de deuda de los que se descuentan los casi dos (1,9) que ya ha pagado Vicario.

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La declaración de la exdeportista durante esta vista celebrada en Barcelona se ha centrado en admitir que ella siempre tuvo voluntad de pagar a la entidad bancaria, mientras que su exmarido le insistió y la manipuló para que el dinero que tenían de venta de patrimonio y de sociedades no fuera a parar al banco, sino que permaneciera en sus manos.

Asimismo, la tenista ha dicho que todas sus decisiones fueron tomadas siguiendo el criterio de Santacana, dado que ella desconocía los pormenores financieros de las operaciones desarrolladas y que su único trabajo era el de tenista.

Josep Santacana, sin embargo, de quien se separó en 2018, ha declarado este viernes y ha acusado a su exmujer de mentir en todo momento. Recuerda que él firmó unas capitulaciones matrimoniales que le impedían gestionar el dinero de su esposa y que había sido la familia Sánchez la que había dilapidado el dinero antes de que él llegara. 

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Lo ha dicho también ante la jueza. Durante todo el juicio ha usado frases como "no, para nada", "no es verdad", "eso sí que es mentira".

Ante sus negativas, la fiscal le ha preguntado si todos los testigos le acusaban porque "¿tienen animadversión hacia usted?". Y el empresario ha respondido: "Pues quizás, como eran quienes rodeaban a Arantxa desde hacía años... No lo sé". 

La pregunta de la Fiscalía venía a propósito de que todos los testigos han señalado en sus declaraciones que era Santacana el responsable de las operaciones financieras relativas a Sánchez Vicario.

La estrategia de defensa de Santacana es asegurar que la gestión completa, tanto de todas las ventas de inmuebles y de la desaparición del dinero con que se encontró el banco de Luxemburgo cuando fue a cobrar la deuda, estuvieron organizadas por Sánchez Vicario y por sus asesores. 

Y que iban todas encaminadas a asumir los elevados gastos mensuales que tenía la tenista, según su exmarido, los gastos fijos ascendían a 50.000 o 60.000 euros mensuales, algo inasumible sin liquidez en las cuentas.

El calvario judicial de Sánchez Vicario empezó entre 1988 y 1989, cuando la tenista fijó su residencia en Andorra, algo que Hacienda decidió investigar. A partir de aquel momento, las demandas se cruzaron. Hubo sentencias condenatorias contra la campeona, que peleó por su inocencia hasta llegar al Tribunal Supremo, que desestimó su recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que la condenaba a pagar 3.487.216,50 euros

El fisco español consideró que Sánchez Vicario vivía en Barcelona, en casa de sus padres, y no en Andorra como había declarado. Para hacer frente a esa sentencia, la tenista pidió un aval al Banco de Sabadell, que fue contraavalado por el Banco de Luxemburgo. Pero cuando la entidad bancaria reclamó el pago de la cantidad vía demanda judicial, empezó el tortuoso camino.

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El banco de Luxemburgo quiso ejecutar su sentencia para cobrar el aval y se encontró que aquella persona que en principio tenía un patrimonio de hasta 30 millones de euros era insolvente. No había nada. Ni una propiedad. Así, presentó una querella en los juzgados de Barcelona por alzamiento de bienes, que es como se conoce el delito de frustración de ejecución de sentencia. Cualquier movimiento de un acusado que dificulte la aplicación de una condena puede llevarlo a ser acusado de este delito.

Por lo que parece, dentro de las dificultades que dice atravesar, Arantxa ha encontrado una vía de salida en este laberinto judicial, familiar y personal. A sus problemas con la justicia, Sánchez Vicario tuvo que sumar la ruptura con sus padres y hermanos, y hace cinco años, la separación que le pidió su marido, Josep Santacana, padre de sus dos hijos.

Arantxa y los niños, de 14 y 10 años, viven en EEUU, donde ella dice que trabaja como profesora de tenis y que apenas puede llegar a final de mes, y si lo consigue es con ayuda de amigos.