Los golpes de Estado, como estamos viendo estos días en África, no son nada nuevo en el ámbito de la política y de la lucha de los poderes fácticos contra la democracia. Para los que ambicionan poder fácil e intereses sustanciosos, siempre ha sido bastante normal echar mano del fusil y cargarse, a menudo liquidándolos para siempre, a los que gobiernan especialmente con legitimidad democrática, defensa de las libertades y propensión a luchar por la igualdad de derechos y de luchar por conseguir los recursos para poder vivir con dignidad y cierto confort.

Hoy, 11 de septiembre, se cumple medio siglo del derrocamiento y muerte del presidente de Chile Salvador Allende en un asalto militar que puso fin a un sistema democrático atosigado por intereses norteamericanos y, al mismo tiempo, por revolucionarios estimulados desde la URSS. Este golpe acabó con las libertades para pasar a manos de una dictadura cuya cabeza visible, el tenebroso general Augusto Pinochet, fijó sus objetivos –en su primera intervención pública– en una amenaza que sintetizó con tres palabras: «Orden, disciplina y jerarquía».

Como suele ocurrir en estos casos, el neófito dictador, que siempre se declaró admirador de su colega español, el general Franco, se mostró implacable y sádico contra cuantos no compartían sus ideas ni aplaudían sus atrocidades. La represión fue una constante durante su mandato y el número de víctimas que pagaron con sus vidas la persecución a la que fueron sometidos, fue de varios miles de personas. La dictadura militar pinochetista se prolongó 17 años hasta que, por fin, gracias a la presión ciudadana e internacional, Chile consiguió restaurar la democracia avasallada.

Los chilenos recuperaron la libertad y el país, la normalidad institucional que un día como hoy, hace cincuenta años, se vio sometida por los tanques, acabando con la vida de un presidente que cometió errores, pero siempre desempeñó el cargo con dignidad y buena voluntad, y a quien la que la historia recuerda como un héroe.