El Impuesto sobre el Patrimonio —aquel que están obligados a pagar los contribuyentes más acaudalados del país por el valor de sus bienes— apenas aportó 1.352 millones de euros a las arcas públicas en 2021, el último ejercicio del que existen datos. Así se desprende de la estadística de los declarantes de este impuesto difundida este lunes por la Agencia Tributaria (AEAT). 

Este tributo, cuya gestión está transferida a los gobiernos autonómicos y se presenta junto a la declaración de la renta, apenas supuso un 1% de la recaudación total de las comunidades en 2021. Todo ello, pese a que los ingresos que reportó a las arcas públicas aumentaron casi 150 millones respecto a 2020. 

Los datos de la AEAT señalan que solo 231.367 contribuyentes tuvieron que presentar declaración por Patrimonio en 2021 y, de ellos, 201.775 tuvieron que pagar a Hacienda. En comparación con las 22 millones de liquidaciones de IRPF realizadas en ese mismo ejercicio, los contribuyentes por Patrimonio apenas supusieron el 1% de todos los declarantes. El contribuyente promedio declaró una riqueza valorada en 3,7 millones de euros, en la mayoría de los casos formada por capital mobiliario (fundamentalmente acciones, obras de arte y antigüedades) y en menor medida bienes inmuebles.

Las comunidades que más pagan por el impuesto de patrimonio en España

Conviene recordar que, en líneas generales, están obligados a presentar declaración los contribuyentes con un patrimonio igual o mayor de 700.000 euros (una vez aplicadas deducciones y bonificaciones) y todos los contribuyentes que superen los dos millones. No obstante, ese primer límite varía en función de las exenciones que aplica cada comunidad autónoma.

Cataluña, principal recaudador

El reparto territorial de los ingresos obtenidos por este tributo se concentra en Cataluña. Así, de los 1.352 millones a ingresar por los contribuyentes en dicho ejercicio, 593 millones (un 44%) correspondía a declaraciones presentadas en dicha comunidad. Tras ella, aunque mucho más alejadas, aparecen Comunidad Valenciana (188 millones), Andalucía (107,5 millones) o Galicia (79 millones). 

El indiscutible liderazgo catalán se explica por el alto número de contribuyentes obligados a presentar declaración (85.876 en 2021). Esto, a su vez, está condicionado por al menos tres factores: la población (Cataluña es la segunda autonomía con más habitantes del país), un mínimo exento bajo en comparación con el resto de territorios y una mayor concentración de riqueza que en otras comunidades.

La sonada ausencia de Madrid en la lista de comunidades más recaudadoras se explica porque el Ejecutivo autonómico bonifica al 100% este impuesto desde 2008. En consecuencias, los 20.030 contribuyentes que presentaron declaración por Patrimonio en 2021 no pagaron ni un euro. 

La Agencia Tributaria estima que el gobierno autonómico madrileño dejó de recaudar 1.212 millones de euros por la bonificación total del tributo en 2021. No en vano, las mayores riquezas del país están radicados en la Comunidad de Madrid, en la que el declarante medio cuenta con un patrimonio de 11,1 millones de euros. 

Impuesto a las grandes fortunas

Si la recaudación obtenida por Patrimonio ya era pequeña en 2021, todo hace pensar que seguirá reduciéndose en el futuro. A finales del año pasado se desató una batalla fiscal entre las autonomías gobernadas por el PP y el Ejecutivo central a raíz de la decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno, de bonificar al 100% Patrimonio. En la misma línea se movieron Murcia y Galicia (esta última optó por una bonificación del 25%).

Ante estos movimientos, el Ejecutivo central se sacó de la manga un impuesto bautizado como de solidaridad a las grandes fortunas, con un diseño prácticamente clavado al de patrimonio, pero cuya recaudación va a parar al Estado. La idea era contrarrestar las bonificaciones aprobadas por los gobiernos autonómicos del PP, pues en la práctica, solo tendrán que abonarlo los contribuyentes que residan en autonomías que bonifiquen Patrimonio.

Hacienda estimó en un primer momento que el impuesto de solidaridad recaudará unos 1.500 millones de euros cada año en 2023 y 2024 (aunque el devengo corresponde a 2022 y 2023 respectivamente). Sin embargo, la Airef rebaja ese montante a 635 millones de euros tras una enmienda introducida por PSOE y Unidas Podemos. El impuesto de solidaridad se encuentra recurrido en el Tribunal Constitucional a petición de los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y Galicia.