El impuesto de solidaridad: el 'truco fiscal' de Montero para obligar a pagar el impuesto de Patrimonio en las autonomías que lo eliminan

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero
EUROPA PRESS

Una de las medidas estrella anunciadas este pasado jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su plan fiscal que se dibujará en los presupuestos de 2023 fue la creación de un "impuesto de solidaridad" para los patrimonios superiores a tres millones de euros que se articulará en tres tramos: uno del 1,7% para patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para patrimonios de entre 5 y 10 millones y del 3,5% para patrimonios superiores a los 10 millones de euros.

Este impuesto a las grandes fortunas será temporal (solo funcionará durante dos años) comenzará a pagarse en 2024 y pretende recaudar unos 1.500 millones de euros. Pero además tiene un objetivo de segunda ronda: el Gobierno pretende que las autonomías no puedan eliminar de facto el impuesto al patrimonio. Algo que ya se produce en Madrid donde se bonifica al 100% y que otras comunidades han anunciado que imitarán como Andalucía, Murcia y Galicia (en este caso, solo al 50%) desatando en los últimos días una guerra fiscal con el Ejecutivo

Eso sí, sus ingresos irán a parar al Estado y no a las comunidades. De esta forma, se pretende incentivar que los gobiernos regionales que quieren eliminar Patrimonio o ya lo han hecho lo recuperen para no perder ingresos. En la práctica, señalan fuentes gubernamentales, solo se pagará en las comunidades que hayan eliminado o bonificado en gran medida el impuesto al Patrimonio.

Rebajas fiscales por comunidades autónomas.
Rebajas fiscales por comunidades autónomas.
Henar de Pedro

El diseño del tributo es prácticamente calcado al impuesto de Patrimonio ya existente. De hecho, los contribuyentes que ya pagaban Patrimonio podrán deducirse ese pago de la cuota correspondiente del impuesto de solidaridad. El Gobierno confía así en eliminar el problema de la doble tributación (es ilegal gravar dos veces el mismo hecho imponible), aunque reconoce que es probable que los gobiernos autonómicos lo lleven a los tribunales. 

Aunque el Ejecutivo espera recaudar 1.500 millones de euros con este tributo, previsiblemente esa cifra será mucho menor porque el cálculo no tiene en cuenta la merma de ingresos que supondrán las deducciones por patrimonio.

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