El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, su esposa Michelle y seis allegados se han presentado este jueves ante la Policía Federal de Brasil para declarar sobre un supuesto intento de apropiación indebida de unas joyas que le fueron obsequiadas en países árabes cuando aún ejercía el poder.

El caso en concreto se refiere a un conjunto de joyas y objetos de gran valor que el líder de la ultraderecha recibió en viajes oficiales a Arabia Saudí y otros países árabes. Tras perder las elecciones y tener que dejar el cargo, el expresidente debía haberlas entregado al Estado pero, según las investigaciones, vendió algunas de esas joyas a través de intermediarios.  

De acuerdo con la Justicia, el asunto podría suponer así un intento de apropiación indebida de bienes públicos, hipótesis que Bolsonaro ha negado de forma tajante en todo momento. 

Además de Bolsonaro y su esposa, han sido citados también a declarar el teniente coronel Mauro Cid; el padre de este, Mauro Lorena Cid; el exjefe de comunicación del Gobierno, Fabio Wajngarten; el abogado Frederick Wassef y otros dos asesores de Bolsonaro: Marcelo Camara y Osmar Crivellati.

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Según las sospechas de la Policía, todos podrían estar involucrados en la venta de las joyas, aunque el abogado Wassef volvió a recomprar algunas de ellas después de que el Estado exigiera su devolución el pasado mes de enero. 

Las declaraciones serán tomadas al mismo tiempo pero de forma separada, ya que la intención de la Policía Federal es cotejarlas luego con el objetivo de identificar posibles contradicciones.

Por el momento, la investigación apunta a que el dinero obtenido por la venta de algunas de estas joyas habría sido entregado a Bolsonaro, cuyas cuentas bancarias están siendo examinadas por la Justicia, que ha levantado el secreto fiscal del exmandatario.

Otras causas penales de Bolsonaro

Además, el líder de la ultraderecha está también siendo investigado por otras causas civiles y penales. Entre ellas, una referida a la asonada golpista del 8 de enero, cuando miles de sus simpatizantes invadieron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en un intento de derrocar el Gobierno de Lula.

Asimismo, la Justicia electoral le ha despojado de sus derechos políticos durante ocho años debido a diversos abusos de poder político y económico en los que incurrió durante la campaña electoral para los comicios del año pasado.