Unas 33.000 familias italianas están recibiendo estos días un mensaje de texto para notificarles que dejarán de percibir a partir del mes próximo la Renta de Ciudadanía, un polémico subsidio a familias de bajos ingresos que la primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni, prometió eliminar en cuanto llegara al Gobierno, informó este viernes el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS).

Estas nuevas notificaciones se suman a las que fueron emitidas a finales de julio, también por SMS, a 169.000 hogares, lo que provocó numerosas protestas en el sur del país, sobre todo en Nápoles, una de las ciudades que más se benefician del subsidio, y un bronco enfrentamiento entre el Ejecutivo de Meloni y la oposición de centro-izquierda, así como los sindicatos.

"Unos 33.000 hogares están recibiendo, vía SMS o correo electrónico, la notificación de que han cobrado este mes la séptima mensualidad de la Renta de Ciudadanía", se lee en la web del INPS, que subraya que "se trata de familias sin menores, discapacitados o mayores de 60 años". "Los destinatarios de este mensaje y aquellos que ya lo recibieron el mes pasado, o lo recibirán en los próximos meses, a partir del 1 de septiembre podrán solicitar el Apoyo para la Formación y el Trabajo (SFL)", añade el organismo.

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Protestas en Nápoles y Palermo 

A finales de julio, cuando se enviaron las primeras notificaciones de supresión de la ayuda, que ronda los 500-600 euros mensuales de media por familia, se registraron protestas en Nápoles y en Palermo (Sicilia), donde un desempleado de 60 años que acababa de recibirla irrumpió en el despacho del alcalde y amenazó con prender fuego a todo.

También muchos alcaldes pidieron ayuda ante las numeras peticiones de las oficinas de la Seguridad Social para que analicen sus casos, pues la ley establece que a quienes se les suspenda la ayuda deberán ser atendidos por los servicios sociales del municipio.

Con las nuevas reglas, la renta básica será sustituida por dos nuevas herramientas. Una es el "subsidio de inclusión", que entrará en vigor a partir de enero para las familias que el Gobierno considera más frágiles, en las que haya al menos un menor, una persona con discapacidad o un mayor de 60 años.

La segunda es el SFL, dirigida a familias en las que al menos figura una persona en condiciones de trabajar y que es una ayuda mucho menos consistente, con restricciones mucho más estrictas y con la obligación de buscar trabajo durante un periodo.

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La supresión de la Renta de Ciudadanía ha enfurecido a los sindicatos y a la oposición que han acusado al Ejecutivo de librar "una batalla contra los pobres", defendida con firmeza por Meloni. "No nos echaremos atrás, queremos un rédito de ocupación por el trabajo, no de ciudadanía", sostuvo al respecto la primera ministra, al insistir en que los afectados ahora podrán acceder a programas de formación financiados por el Estado para fomentar su reinserción laboral.