Las condiciones de los partidos independentistas -ERC y Junts- para apoyar la investidura de Pedro Sánchez son claras: referéndum y amnistía. La primera de ellas parece una quimera, no así la segunda, que está siendo estudiada incluso por un grupo de juristas constituido por Sumar, pieza clave en el nuevo e hipotético gobierno de coalición. No obstante, el presidente en funciones ya ha dado pasos para  "desjudicializar" el "conflicto catalán", no siempre con el efecto deseado en los pactantes. La última palabra la tendrán los jueces, que podrían desbaratar el objeto del pacto que provoque un nuevo mandato en la Moncloa del secretario general del PSOE.

Esto fue lo que pasó con la malversación. El PSOE y ERC llevaron en secreto sus intenciones de reformar este delito. Junto con la derogación de la sedición, los republicanos catalanes pidieron también retocar el Código Penal con el fin de revertir la modificación realizada por el PP en 2015, en la que los populares asimilaron la malversación a la "administración desleal", penando de igual modo a quien se lucrase con dinero público que al que hiciera un uso indebido del mismo.

La redacción reducía el castigo a los políticos que, sin quedarse con el dinero, pongan en marcha un "desvío presupuestario irregular", lo que  incluiría, para ERC, a los condenados por el procés y a las decenas de cargos intermedios que todavía faltan por ser juzgados. Pero no lo vio así Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo encargado de la causa de Carles Puigdemont. Si bien decidió retirarle la causa por sedición (al haber sido derogado el delito), no modificó la acusación por malversación ni pidió aplicar las nuevas penas, sino que se reafirmó en lo hecho. Con mensaje político, además, pues criticó las medidas del Gobierno.

Puigdemont pide al Supremo que corrija a Llarena tras procesarle por dos delitos y que desactive la orden nacional de detención

"Esto puede volver a pasar con una hipotética ley de amnistía", explica Xavier Arbós, catedrático en Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona. En una conversación con 20Minutos, asegura que "siempre" son los jueces y los tribunales quienes interpretan y aplican las leyes. Lo mismo ocurriría con una que buscara el olvido judicial de los hechos ocurridos en 2017, por los que ya han sido encausados y encarcelados algunos de los políticos que los protagonizaron -no así Carles Puigdemont, que sigue huido en Bélgica-.

En este sentido, Arbós añade que para que no ocurra -"no por fastidiar a ningún tribunal, sino porque la claridad de las leyes es una exigencia de la seguridad jurídica"-, el Gobierno tendría que redactar el articulado "de forma tan clara que no dejara margen a interpretaciones distintas". "No olvidemos que los jueces interpretan las leyes aprobadas por el poder legislativo", recuerda.

El encaje constitucional de la amnistía, un galimatías en el centro de la investidura

Un difícil encaje jurídico

Con todo, este catedrático constitucional opina que una ley de amnistía no tiene cabida dentro del marco constitucional. Según explica, los indultos son una restricción o una exención del cumplimiento de las penas, pero la amnistía "deja en nada la actuación de jueces y tribunales" y obliga a "archivar procedimientos, anular condenas y antecedentes penales". "No cabe una ley que prive a uno de los poderes del Estado, con facultades reconocidas, de su acción", argumenta.

No obstante, admite que es un asunto jurídico complejo y que otros juristas de reconocido prestigio muestran "argumentos razonables" a favor. Además, resalta que "solo el TC", ahora de mayoría progresista, tiene la potestad de sentenciar si una ley es o no constitucional. Esta respuesta va en línea de lo manifestado por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el pasado martes. En una rueda de prensa declaró que no le correspondía a él decir "qué es y qué no" constitucional y dejó en manos del Alto Tribunal la decisión. Asimismo, también dijo que el PSOE seguirá trabajando "en la senda de la convivencia", a la vez que pidió no adelantar acontecimientos sobre la negociación sobre su nueva investidura.