Tras más de dos años de investigaciones, un gran jurado de Georgia imputó el pasado 14 de agosto a Donald Trump por intentar manipular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen. Ha sido diez días después cuando el expresidente se ha entregado en la cárcel del condado de Fulton, en Atlanta, por los 41 cargos a los que se enfrentaba, entre ellos, falsificación, chantaje y violación de la ley contra organizaciones criminales de Georgia.
Los abogados del magnate pactaron con la Fiscalía el pago de 200.000 dólares de fianza (unos 185.210 euros), por lo que ha quedado en libertad a los pocos minutos de ingresar en prisión, una vez que se le han tomado las huellas dactilares y se le ha hecho una fotografía.
De todas las citas con el banquillo que ha tenido en el banquillo, la dictada por la Corte Superior del Condado de Fulton, por no ser delito federal, es la mayor amenaza para el expresidente. Con esta, Trump se ha convertido en el primer expresidente estadounidense en tener ficha policial. Pero, ¿cuáles son los motivos de su imputación?
La ley de Georgia para el crimen organizado
Los fiscales acusan a Trump y a los suyos en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas y Vinculadas con el Crimen (RICO, por sus siglas en inglés) del estado de Georgia, que les permite vincular varios delitos cometidos por diferentes personas argumentando que actuaron juntos para un objetivo criminal común. La RICO sigue el modelo de una ley federal que se promulgó para luchar contra los grupos del crimen organizado.
Sin embargo, en los últimos años esta ley se ha utilizado en casos de delitos de cuello blanco y corrupción política. En su esencia, la ley exige a los fiscales que demuestren la existencia de una "empresa" y un "patrón de actividad de crimen organizado". El fiscal dijo que 19 acusados formaban parte de una empresa criminal que trató de "lograr el objetivo ilegal de permitir que Trump se apoderara de la oficina del presidente".
Giuliani, Meadows y más
Es la primera acusación contra Trump que realmente incluye a otras personas asociadas a los delitos, destaca Aaron Blake en The Washington Post. Los fiscales también acusan a otras 18 personas, entre ellas Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca, y Rudy Giuliani, exabogado personal y exalcalde de Nueva York. Además, la acusación cita a 30 co-conspiradores "no acusados" que testificaron ante el gran jurado especial.
También están imputados varios abogados más a los que se acusa de trabajar para intentar anular las elecciones. Son Sidney Powell, que en una ocasión prometió "liberar al Kraken" para denunciar un supuesto fraude electoral; John C. Eastman, que ayudó a promover la idea de utilizar falsos electores de Trump en los estados en los que perdió; y Kenneth Chesebro, que también desempeñó un papel central en esa labor.
La acusación señala la naturaleza expansiva del caso de chantaje. Los fiscales citan conductas en Michigan, Arizona y Pensilvania que dicen que fomentaron los esfuerzos de los acusados para mantener a Trump en el poder.
¿Delatores entre los interrogados?
Entre los no acusados pero interrogados en algún momento por el equipo de la fiscal Fani Willis figuran Boris Epshteyn, el senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur), la representante Jody Hice (republicana de Georgia), el ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn y el abogado Lin Wood.
A lo largo de la investigación, los miembros del gran jurado especial entrevistaron a 75 testigos y solicitaron documentos a más personas. En mayo de 2022, el gran jurado especial se reunió con 23 personas y tres jurados suplentes, con poder de citación pero no de acusación. No está claro si alguna de las personas que testificaron delató a Trump o a alguno de los otros 18 acusados.
19 acusados y variedad de cargos
La acusación agrupa varios esfuerzos de Trump y sus aliados para revertir los resultados de las elecciones en Georgia. Ninguno de los acusados lo está por participar en todos esos planes diferentes, pero en virtud de la ley RICO, los fiscales sólo tienen que demostrar que cada uno violó las leyes estatales como parte de una empresa criminal continua con el mismo objetivo general.
Varios de los cargos individuales se derivan de falsas afirmaciones de fraude electoral que Giuliani y otros dos abogados de Trump, Robert Cheeley y Ray Smith, hicieron en audiencias legislativas en diciembre de 2020. Otra tanda de cargos se refiere a un plan que los partidarios de Trump llevaron a cabo para votar por una lista falsa a su favor y enviar un documento falsificado al Congreso afirmando que esos electores eran legítimos.
Un juicio muy largo y televisado
Un tercer grupo de cargos acusa a varios aliados de Trump de conspirar para robar datos de votantes y manipular el equipo de votación en la oficina electoral del condado de Coffee, en Georgia. Algunos de los acusados sólo fueron imputados en relación con un extraño plan para intimidar a una trabajadora electoral, Ruby Freeman, a la que Trump y sus aliados habían acusado injustamente de fraude.
La decisión de acusar a tantas personas significa que este proceso podría alargarse mucho más allá de noviembre 2024, cuando tendrán lugar las elecciones presidenciales, una pugna, previsiblemente, entre Joe Biden y el propio Trump. Además, al no ser una imputación federal el juicio, al contrario que los hipotéticos otros tres, sí podrá ser televisado y eso importa, señala Blake en el Post.
Sin perdón
En realidad, lo de Georgia es un verdadero dolor de cabeza para Trump; el mayor de todos. Esta acusación es la mayor amenaza para su libertad. Si es condenado por alguno de los otros tres casos que tiene pendientes (por delitos federales), pero incluso así vuelve a ser presidente de EE UU, podrá autoperdonarse, pero no en el caso de Georgia. Tampoco podría indultarle el gobernador de este estado o el Departamento de Justicia.
10 días para entregarse
La fiscal le daba a Trump hasta el mediodía del 25 de agosto para entregarse en el condado de Fulton, donde sería instruido de los cargos y declararía. El sheriff Patrick Labat dijo, a menos que se le dijera lo contrario, el expresidente será fichado de la misma manera que cualquier otro acusado.
Así pues, el republicano cumplió con lo propio y llegó al penal sobre las 19.30 horas del jueves 24 de agosto (01.30h de este viernes hora peninsular española). Una caravana de coches partió de su club de golf de Bedminster para tomar un avión con destino a Atlanta, desde donde se dirigió a la prisión. De esta forma cumplía con el mandato de la Justicia, que le había dado de plazo hasta el viernes para entregarse voluntariamente.
Algo menos de media hora después de ingresar en ella, la ha abandonado en un convoy de vehículos blindados escoltado por el Servicio Secreto, que se encarga de su seguridad. La comitiva se ha dirigido nuevamente al aeropuerto para regresar a Bedminster. "No hice nada malo", ha declarado ante la prensa una vez fuera.
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