La Ley de la Vivienda aprobada por el Gobierno el pasado mes de mayo introdujo en su Disposición final primera una modificación del artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y establece ahora que el pago de la renta de los alquileres "se efectuará a través de medios electrónicos" y solo de forma excepcional en metálico "cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago".

"Un estudio del Banco de España sobre hábitos de uso del efectivo revela que el 82% de la población española está en contra de la desaparición del dinero en metálico que, de hecho, sigue siendo el medio de pago más utilizado en nuestro país (99%), explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en una nota muy crítica con la nueva ley.

Para la OCU, el efectivo "no solo es el medio que goza de mayor aceptación entre la población, sino que favorece la inclusión financiera de todos los consumidores". La organización asegura asimismo que el dinero en efectivo permite no incurrir en gastos de mantenimiento de las cuentas corrientes, comisiones, etc. y facilita un mayor control del gasto de las familias.

"Esta modificación normativa entra claramente en conflicto con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que precisamente modificó el año pasado su artículo 47, para contemplar como infracción la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal", aseguran desde la organización de defensa de los consumidores.

"Esta medida que curiosamente forma parte de una Ley social que aboga a la protección, la accesibilidad y la no discriminación, atenta de pleno contra la libertad de elección del consumidor, no dándose razones de interés público que justifiquen la misma, más bien al contrario", afirman desde la OCU. La organización dice que el efectivo tiene una inmediatez y disponibilidad de la que no goza la tecnología, frente a cortes del sistema eléctrico o telefónico-datos, o los fallos de las plataformas y sistemas de pagos, y está menos expuesto a las estafas digitales como el phishing.

La organización —que ha remitido una petición al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana así como al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para que enmienden su norma —subraya finalmente que "esta medida discrimina a las personas en una situación más vulnerable y con menor capacidad digital" y cifra en 1,4 millones las personas que podría verse discriminadas por estar en riesgo de exclusión financiera.