El Tribunal Superior de Londres ordena el embargo de una sede del Instituto Cervantes por una deuda a inversores en renovables

La propiedad del Estado en Londres para la que un juez ha dictado auto de embargo.
La propiedad del Estado en Londres para la que un juez ha dictado auto de embargo.
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La propiedad del Estado en Londres para la que un juez ha dictado auto de embargo.

El Tribunal Superior de Londres ha dictado una orden provisional de embargo del un edificio propiedad del Estado español en el centro de la ciudad que alberga una de las sedes del Instituto Cervantes en pago por la deuda de 120 millones que dos inversores internacionales en renovables reclaman desde 2018 al Gobierno por el perjuicio que les supuso la creación de llamado "impuesto al sol" en un proyecto de 2008 para construir la instalación solar Andasol (Granada).

Según sentencia notificada el miércoles pasado, el Tribunal da luz verde a los dos inversores, uno luxemburgués y otro alemán, -Infraestructure Services Luxembourg y Energía Temorsolar- para apoderarse de la plena propiedad de un edificio situado en el número 317 de Portobello Road, en el oeste de Londres, en el barrio de Notting Hill, que es propiedad del Estado español. Se trata de un antiguo convento dominico que alberga el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, de titularidad privada, y otras actividades, entre ellas, del Instituto Cervantes, de la Universidad a Distancia (UNED) y el Centro de Mayores Miguel de Cervantes.

Tras conocerse el fallo, uno de los abogados de los inversores, Nick Cherryman, envió un mensaje de calma a las familias de los 400 alumnos del Instituto, a los que aseguró que el funcionamiento de la escuela no se vería afectado por una orden judicial que, de ejecutarse finalmente, dijo, "daría derecho a mis clientes a vender el terreno que alberga la escuela, no la escuela en sí". También, uno de reproche al Gobierno español, al que califica de "deudor recalcitrante". "España es la segunda nación más morosa en el mundo en lo que se refiere al incumplimiento de laudos arbitrales, acompañada en los tres primeros puestos por Venezuela y Rusia".

Reclamaciones mil millonarias

La orden de embargo es el penúltimo paso de un contencioso entre el Estado español y dos entre el alrededor medio centenar de inversores internacionales que desde hace una década han reclamado hasta un total de 10.000 millones de euros por los perjuicios que supuso para sus inversiones la retirada progresiva de los incentivos para la instalación renovable -en concreto de energía solar- entre 2012 y 2014, cuando el Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, retiró la política de "incentivos razonables" anterior y creó el llamado "impuesto al sol".

En este caso, se trata de dos inversores que en 2008 cerraron un proyecto para construir un parque termosolar en Granada y recurrieron el cambio de legislación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que en 2018 les dio la razón y obligó al Estado español a resarcirles con 120 millones de euros. Tres años más tarde, en 2021, este laudo internacional fue reconocido como sentencia vinculante contra España por el tribunal que ahora dicta el embargo.

El Gobierno actual argumenta que en 2019 aprobó una nueva legislación para compensar a los inversores por la caída de sus retribuciones, ofreciendo una rentabilidad ventajosa de 7,3% hasta 2031. Algunos reclamantes decidieron adherirse a estas condiciones pero otros muchos no y a ellos el Gobierno todavía debe una cantidad conjunta de alrededor de 1.300 millones en laudos que de momento no han sido ejecutados. El motivo que esgrime la Abogacía del Estado es que estos pagos pueden ser contrarios al Derecho de la UE, porque pueden ser considerados ayudas de Estado, que deben ser aprobadas por la Comisión Europea. Así, cada vez que España es condenada al pago de una multa, se lo comunica a Bruselas y espera a que se pronuncie, algo que todavía no ha ocurrido.

Esto no impide que los afectados reclamen ante la Justicia, como ha sido el caso de Londres. Su Tribunal Superior autoriza a embargar la plena propiedad del inmueble, que valora en los 120 millones de euros -más costas- que adeuda el Gobierno a los inversores y le da dos meses y una semana para "modificar o dejar sin efecto" la orden de embargo, previo pago del importe fijado.

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