El 5% de los particulares propietarios de viviendas vacías de España podrían estar obligados a pagar un recargo por el Impuesto de Bienes Inmuebles. Es lo que establece la Ley de Vivienda publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 25 de mayo, lo que, según los cálculos de Fotocasa, podría afectar a dicho porcentaje de los propietarios del país, según ha publicado el portal inmobiliario en nota de prensa.

Esto se debe a que la Ley incluye la posibilidad de este recargo en caso de que se cumplan una serie de plazos en los que la vivienda se encuentre desocupada "salvo causas justificadas".

Sanción para viviendas desocupadas

Según se recoge en la disposición final tercera del texto legal, se modula un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los inmuebles de uso residencial "desocupados con carácter permanente" que afectará a "a aquellas viviendas vacías durante más de dos años".

La disposición, que establece "un mínimo de cuatro viviendas por propietario", exime de este recargo a quien pueda corroborar "causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley".

El recargo será de hasta un 150% "en función de la duración de la desocupación y del número de viviendas también desocupadas que sean del mismo titular en el término municipal". El objetivo, según se publica en el BOE, es la "optimización del uso del parque edificatorio residencial" y dotar a los Ayuntamientos de herramientas más eficientes contra "situaciones de vivienda desocupada" a través de la fiscalidad. 

Las causas justificadas para no devolver la fianza del alquiler

Solo afectaría al 5% de los propietarios 

Desde Fotocasa establecen que este porcentaje "es muy minoritario", por lo que quedaría "constatado" que "las medidas con carácter punitivo no recogerían los efectos deseados de ampliar la oferta masivamente".

"Lo que generan este tipo de normativas en el mercado es un clima de

desconfianza frente a la administración", comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Desde el portal inmobiliario afirman que una fórmula más eficaz para que los propietarios con viviendas deshabitadas las pongan en el mercado sería una mayor "seguridad jurídica que ayude a apaciguar las principales preocupaciones de estos particulares: ocupación, pérdida de beneficios o robos en su vivienda”.