La nómina que han recibido los letrados de la Administración de Justicia este mes debía llevar reflejado el primer tramo de una subida salarial de entre 430 y 450 euros que este cuerpo pactó con el Gobierno en marzo tras dos meses de huelga. Pero este martes se celebró la última reunión del Consejo de Ministros y el aumento retributivo no se ha ejecutado, ante la indignación de los letrados judiciales, que ahora plantean tomar medidas de presión e incluso acudir a los tribunales. 

"Desde que concluyó la huelga hemos estado trabajando en unos decretos para implementar las subidas, hasta que llegó el adelanto electoral", explica a 20minutos Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados (CNLAJ). Según afirma, cuando Sánchez anunció la convocatoria de elecciones anticipadas los decretos estaban tramitándose a falta "unos flecos que solucionar". 

Pero las subidas se podrían haber implementado "perfectamente" antes del último Consejo de Ministros. La conclusión que extraen los letrados es clara: "No aplicar el aumento ha sido una decisión política". Es más, Casado asegura que le consta que la directriz ha venido "directamente desde Moncloa, desde Presidencia del Gobierno". 

Una vez los ministerios de Justicia y Hacienda firmaron el acuerdo con los LAJ, el encargado de elevar al Consejo de Ministros esa subida respaldada por ambas carteras es Presidencia. Fuentes cercanas a la ministra Pilar Llop señalan que Justicia es "el primer interesado en que se formalicen los acuerdos" y aseguran que, de todas formas, "estos se van a cumplir y son totalmente vinculantes". 

Sin embargo, los letrados tienen "pocas" esperanzas en que se ejecute la subida una vez que el Gobierno entre en funciones, pese a que no haya "impedimento legal" para ello. De todas formas, ya tienen planeadas las primeras acciones para presionar al Ejecutivo. 

Por un lado, Ernesto Casado apunta que el 21 de julio se celebrará una concentración en Logroño coincidiendo con la visita de los ministros de Justicia de los países de la Unión Europea, que tendrá lugar en el marco de la presidencia española del Consejo de la UE. Esta concentración coincidirá con otra que han previsto los funcionarios de Justicia, que tras el acuerdo de los letrados y el Gobierno iniciaron una huelga y trataron -sin éxito- de conseguir una subida similar. 

Las protestas y manifestaciones se sucederán también tras los comicios. "Vamos a exigir día y noche que se cumpla lo prometido", apunta en este sentido Xoán Xosé Yáñez, miembro del comité que organizó la huelga de letrados. 

Pero además de estas medidas de presión, los LAJ planean emprender medidas legales contra el Ejecutivo si no hay avances en el cumplimiento de los pactos. "Se trata de instar a la ejecución judicial del acuerdo, sin importar quien gane las elecciones", apunta Casado. El primer paso sería un requerimiento ante los ministerios de Justicia y Hacienda, "el jueves o el viernes", asegura el letrado. 

Y después llegarían las acciones judiciales, más concretamente una demanda contra el Ejecutivo presentada ante la Audiencia Nacional. "El acuerdo se cumplirá de una forma u otra", señalan los letrados, "este es un pacto vinculante y no lo hemos firmado con ningún partido, sino con el Gobierno de la Nación". 

El acuerdo con jueces y fiscales, en el aire

La situación que viven los letrados judiciales es muy similar a la de jueces y fiscales, que en mayo lograron acordar con el Ejecutivo un aumento salarial que supondría el desembolso de 46,7 millones de euros. La fecha marcada para implementar esta subida es el mes de octubre, con lo que "por ahora, no se tomará ninguna medida", apunta el portavoz de la Asociación Judicial Francisco Vitoria, Jorge Fernández Vaquero. 

Varias asociaciones de jueces -la Francisco Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- y de fiscales -Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- reclamaron en las últimas semanas que el aumento retributivo se zanjase antes de los comicios y advirtieron de que, en caso contrario, se llevaría el asunto a los tribunales. 

Sin embargo, apunta Vaquero, no tiene sentido tomar medidas ahora. Es mejor "esperar a septiembre" y constatar que el acuerdo se incumple. Con todo, el portavoz explica que entre jueces y fiscales reina una "sensación de decepción" y el convencimiento de que "si no se han adoptado los cambios normativos es por falta de voluntad". 

"Hemos podido comprobar la falta de peso del Ministerio de Justicia en el Consejo de Ministros, pero damos por asumido que el acuerdo se va a cumplir, si no es voluntariamente a través de los tribunales", zanja.