El Consejo de Ministros celebrado este martes por la mañana era la última oportunidad antes de las elecciones generales para abordar las subidas salariales prometidas a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), así como a jueces y fiscales. Sin embargo, han quedado en el aire, pues el Gabinete no las ha abordado. A este asunto se ha referido, tras ser preguntada, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que ha asegurado: "No tengo información al respecto, no se ha abordado en esta reunión".
El Ejecutivo se comprometió el 28 de marzo a subir el salario de los letrados de la Administración de Justicia hasta 450 euros mensuales tras dos meses de huelga de este cuerpo y, por otro lado, pactó el 18 de mayo el desembolso de 46,7 millones de euros para el aumento retributivo de jueces y fiscales, que amenazaban con iniciar su propia huelga. Sin embargo, ninguno de los dos compromisos se ha cumplido por el momento, ante la indignación de todos estos profesionales de la Justicia.
La semana pasada, el comité de huelga de los letrados judiciales envió una carta a Pedro Sánchez para que este diera cumplimiento al pacto firmado meses atrás. "Se acaba el plazo y nos encontramos con que los deberes no están hechos", firmaban los representantes de las asociaciones que entre enero y marzo iniciaron un conflicto profundo en la Administración de Justicia. Aquella protesta, que suspendió más de 350.000 juicios y bloqueó 1.280 millones de euros, no ha dado lugar finalmente al cumplimiento de las exigencias de los huelguistas.
Varias asociaciones de jueces -la Francisco Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- y de fiscales -Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- se han pronunciado en los mismos términos que los letrados durante las últimas semanas.
Estas cinco organizaciones reclamaron al Gobierno que se zanjase el aumento retributivo pactado antes de los comicios y advirtieron de que, en caso contrario, llevarían el asunto a los tribunales y adoptarían "medidas de presión para asegurar el cumplimiento de lo pactado en la Mesa de Retribuciones que se celebró desde principios de mayo.
Estos dos conflictos no son los únicos que han quedado sin resolver al final de la legislatura, tras varios meses de enorme tensión en la Administración de Justicia. Todos sus estratos han iniciado conflictos contra el Ministerio de Justicia en busca de una mejora de sus condiciones laborales, también los funcionarios de Justicia, que se encuentran un escalafón por debajo de sus compañeros los letrados.
Después de que las asociaciones que representaban a los LAJ pactaran la mencionada subida salarial, los sindicatos de Justicia comenzaron a reclamar aumentos retributivos para los funcionarios. Así, el 17 de abril se abrió un conflicto entre estos trabajadores y los Ministerios de Justicia y Hacienda.
El 22 de mayo los funcionarios redoblaron su presión sobre el Ejecutivo, cambiando los paros parciales por una huelga indefinida y aumentando la frecuencia de sus protestas, centradas en la calle San Bernardo -frente a la que se erige el Ministerio de Justicia- pero celebradas en distintas regiones de España.
Los sindicatos que daban voz a estas protestas (CSIF, STAJ, UGT y CC OO) denunciaban que el Ejecutivo los trataba como "funcionarios de segunda" tras haber alcanzado sendos acuerdos con los LAJ, los jueces y los fiscales. Sus exigencias, ligeramente más modestas que las de sus compañeros, consistían en un aumento de entre 350 y 430 euros mensuales, el reconocimiento de sus funciones y su participación en la elaboración de la ley de eficiencia organizativa -que finalmente no ha podido tramitarse por el adelanto electoral-.
El 29 de mayo, cuando Sánchez anunció la convocatoria de elecciones el 23 de julio, su protesta sufrió un golpe irreversible, ya que según Justicia "al disolverse las cortes decaen las leyes de eficiencia y las subidas que puedan ir ligadas a estas". Sin embargo, los funcionarios no cejaron en sus protestas. "No estamos ante un Gobierno en funciones, sino ante un Gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad en las próximas semanas", afirmaron ese mismo día.
Inevitablemente, la presión fue decreciendo a medida que se acercaba la fecha de los comicios hasta que el 4 de julio se desconvocó la huelga. Tras seis meses de conflictos en la Administración de Justicia, no se producirá ningún aumento de sueldo. Ni el prometido a los letrados, que implicaba el desembolso de 22,7 millones de euros, ni el dirigido a los 8.000 jueces y fiscales, que suponía 46,7 millones. Por descontado, tampoco tendrá lugar el exigido para los 45.000 funcionarios de Justicia, que obligaría al Ejecutivo a gastar 200 millones de euros.
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