Jueces y fiscales desconvocan la huelga tras cerrarse un acuerdo entre el Gobierno y la mayoría de las asociaciones

Representantes de los colectivos de jueces y fiscales a la salida del Ministerio de Justicia.
Representantes de los colectivos de jueces y fiscales a la salida del Ministerio de Justicia.
EFE
Representantes de los colectivos de jueces y fiscales a la salida del Ministerio de Justicia.

La negociación de las asociaciones de jueces y fiscales con el Gobierno ha llegado prácticamente a su fin, satisfaciendo a casi todas las partes, de forma que la huelga fechada para el próximo lunes ha quedado desconvocada y el próximo día 23 se firmará el pacto en el Ministerio de Justicia. Tan solo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, sigue rechazando la oferta del Ejecutivo, que incluye el desembolso de 46,7 millones de euros para el aumento retributivo de jueces y fiscales. 

Tras cinco reuniones de la Mesa de Retribuciones -el órgano estipulado para revisar la estructura retributiva de estos trabajadores- la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV) y la Asociación de Fiscales (AF) han acordado firmar un acuerdo que no acaban de considerar idóneo. "No es el acuerdo que hubiéramos deseado, pero es cierto que abre una vía de negociación más constante. Nos deja una sensación agridulce, pero en última instancia positiva", ha señalado en este sentido la portavoz de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, a la salida del ministerio. 

En la misma línea se ha pronunciado su homólogo de la AJFV, Ignacio Martínez, señalando que "no es el mejor acuerdo", y que su asociación lo ha firmado atendiendo a "una idea de responsabilidad institucional". 

Durante las últimas horas, cuando ya se había avanzado la intención mayoritaria de alcanzar un acuerdo, los negociadores se han dedicado a "pulir aspectos del documento que se va a firmar el próximo martes", con el objetivo de que "la redacción sea precisa y no de lugar a interpretaciones", según ha señalado la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Inés Herreros. 

La representante de la UPF en las negociaciones ha señalado que "el respaldo al acuerdo es mayoritario" y ha apuntado que tras la firma tendrán lugar "mejoras de carácter retributivo" y "será bienvenida la normalidad dentro de todos los grupos profesionales". Pese a que la Asociación Profesional de la Magistratura ha asegurado que el acuerdo "no es satisfactorio para la carrera judicial", de forma que no lo firmará si no varía, las mejoras se aplicarán "sobre el total de las carreras judicial y fiscal". 

José Carbonero, el representante de la asociación judicial mayoritaria en la negociación, ha asegurado que aún tiene esperanza "hasta última hora", si bien ha reconocido que "a partir de ahora es más difícil acercar posiciones". Sin cejar en sus reivindicaciones, que incluían un desembolso de más de 70 millones de euros, la APM se queda sola en su postura. "Estamos todavía en la negociación, aunque los demás parece que no", ha subrayado Carbonero. El Gobierno, por su parte, ha señalado que mantiene "el deseo de que finalmente la propuesta sea suscrita también" por la Asociación Profesional de la Magistratura

De todas formas, su asociación decidió suspender por completo la convocatoria de huelga la semana pasada, a diferencia de las demás convocantes, que la aplazaron al día 22. Por tanto, queda descartada, salvo giro total de los acontecimientos, la posibilidad de que la huelga tenga lugar finalmente. Horas antes de que concluyera la reunión, la Asociación Judicial Francisco Vitoria ya daba por aceptado el acuerdo y había comunicado su decisión de desconvocar la huelga.

En el comunicado, el comité nacional de la AJFV ha señalado su decisión de cancelar la convocatoria de a huelga, "a pesar de que la propuesta es insuficiente, tratándose más de una imposición que de un acuerdo fruto del consenso". 

La oferta que el Gobierno trasladó el martes incluye el desembolso de 46,7 millones de euros para cubrir un aumento retributivo de entre 350 y 490 euros. Según ha detallado la Asociación Judicial Francisco Vitoria, el 40% de ese incremento se percibirá antes de octubre con efectos retroactivos desde enero. Otro 40% se devengará desde el 1 de enero de 2024 y el 20% restante a partir del mes de julio de ese mismo año. 

Según han declarado las asociaciones a la salida de la reunión, el ministerio ha ofrecido crear equipos de trabajo permanentes para mejorar aspectos de la Administración de Justicia y se ha comprometido a reunir anualmente la Mesa de Retribuciones. Este es, según han comunicado sus portavoces, uno de los puntos más destacables a juicio de la AJFV y la AF. Según Dexeus, de la Asociación de Fiscales, este compromiso es "un paso histórico" que hará que el sector no se vea "abocado a esperar cinco años a una reunión que nunca llega". 

Desde 2003, la ley establece que la Mesa ha de formarse quinquenalmente para revisar la estructura retributiva de ambos cuerpos, un requisito que será anual a partir de ahora, según han comunicado las asociaciones. 

Además, la cartera de Llop ofrece a jueces y fiscales un papel relevante en la implementación de las leyes de eficiencia que se tramitan actualmente en el Parlamento como parte del plan de Justicia 2030. El Gobierno se compromete además a añadir 200 plazas para estos cuerpos entre este año y el siguiente, y propone incrementar el complemento de destino y crear una mesa de diálogo anual.

Por último, el Ejecutivo contempla abordar "con la mayor celeridad" la conversión de plazas en la carrera fiscal y el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas. Una modificación que afectaría a los fiscales decanos, los delegados y los fiscales de área.

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