Este miércoles 19 de julio tendrá lugar el enésimo hecho sin precedentes en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la peor legislatura que recuerda el órgano de gobierno de los jueces, que debió ser renovado a finales de 2018 y se sostiene ahora sobre los restos de la estructura que le dio en 2013 un Parlamento liderado por la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy. 

Celebra este miércoles su cumpleaños el togado Rafael Mozo, que al alcanzar los 72 se ve forzado a abandonar la judicatura. Los 12 vocales del turno judicial deben dejar el órgano al llegar a esta edad, una condición no extrapolable a los ocho juristas que se sientan en el Consejo. 

Mozo, que es juez, deja por tanto de ser el "presidente sustituto" del CGPJ -un cargo que asumió el pasado octubre tras la marcha de Carlos Lesmes- y, en teoría, el vocal Vicente Guilarte será llamado a sustituirlo en dicha labor. De los 21 miembros que se nombraron hace diez años, solo quedarán 16 tras cuatro años y medio de bloqueo. 

Siguiendo el mismo mecanismo que aupó a Mozo a la presidencia del Consejo, el vocal conservador, de 70 años, debería tomar el puesto por ser el de mayor edad. El problema es que Guilarte no forma parte de la Comisión Permanente y no se dedica exclusivamente a trabajar en el CGPJ. Sus labores como abogado y profesor catedrático podrían inhabilitarle, según apunta parte del Pleno, para ocupar la presidencia del órgano de gobierno de los jueces. 

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La situación, que no se puede tachar de imprevisible, ha pillado a los vocales sin una postura muy clara y cohesionada, de forma que el relevo de Mozo amenaza con originar otra crisis en la institución. A lo largo de la mañana se celebrará un Pleno convocado por el presidente saliente con la intención de proceder al relevo, si bien no está claro que este propósito se vea satisfecho, dado que parte de los vocales abogan por abordar la discusión cuando Mozo ya no esté. Este lunes tuvo lugar la última reunión entre la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el presidente interino, un "encuentro protocolario" que tuvo lugar en la sede del Consejo, según fuentes del ministerio. 

Seis vocales firman un escrito para presionar a Guilarte

El pasado viernes, seis vocales -tres conservadores y tres progresistas- registraron un escrito que abordaba una "cuestión controvertida": que Guilarte debe "renunciar al ejercicio de su actividad profesional como abogado y pasar a la situación administrativa de servicios especiales en su profesión universitaria". Es decir, que a juicio de estos seis vocales Guilarte debe dejar sus otros trabajos si quiere presidir de forma interina el Consejo, cosa que por otro lado no está clara todavía. 

En caso de que Guilarte acepte encabezar el órgano, los vocales deberán discutir en Pleno si este debe dejar el resto de funciones o no. Y si Guilarte renuncia a la posibilidad de sustituir a Mozo, el turno le llegará al vocal Wenceslao Olea, el siguiente por edad.

Por otro lado, tampoco está claro que la elección de un nuevo presidente sustituto tenga lugar inmediatamente, puesto que también en este asunto hay diversidad de opiniones. Hay quienes piensan que habría que esperar "a que Mozo se haya ido" y que "sería precipitado" dar pie a un relevo en un Pleno en el que esté el hasta ahora presidente interino. 

"Así se hizo cuando Lesmes decidió marcharse", señalan fuentes del órgano a 20minutos. Carlos Lesmes dejó la presidencia del CGPJ el pasado otoño buscando un golpe de efecto que llevara a PP y PSOE a renovar el órgano y logró que ambos partidos se reuniesen a negociar, pero Alberto Núñez Feijóo echó atrás el acuerdo a última hora tras conocer que el Gobierno de Pedro Sánchez negociaba con ERC la reforma del Código Penal que luego terminó en la supresión del delito de sedición. 

Solo cuando Lesmes se había marchado, el vocal de mayor edad, Rafael Mozo, convocó un Pleno para discutir el relevo. Si ahora se procediera del mismo modo, Guilarte sería el encargado de lanzar la convocatoria este jueves, de forma que los vocales se reunirían, como pronto, el martes 25 de julio, tras las elecciones generales.