De entre los planes de legislatura que se le han quedado al Gobierno en el tintero, uno de ellos tiene que ver con la vivienda en el mundo rural, que el Gobierno quería impulsar utilizando inmuebles públicos que estuvieran inutilizados, pero que terminó frustrándose precisamente porque los distintos ministerios del Gobierno, que eran los que tenían que cederlos, afirmaron no disponer de lugares en desuso a los que pudiera darse una segunda vida y convertirlos en hogares en la España despoblada. Para la próxima legislatura, el PSOE no menciona esta iniciativa en su programa electoral, que sí lleva Sumar en el suyo. Los socialistas prometen rehabilitación y "parques públicos de vivienda asequible". La solución que plantea el PP al problema de escasez de vivienda en el mundo rural pasa también por rehabilitar y por deducciones fiscales por la compra de una casa en los pueblos.

El plan de que los ministerios pudieran ceder inmuebles inutilizados en zonas rurales para convertirlos en viviendas partió con la concreción de uno de los objetivos que figuran entre las 130 medidas del plan de recuperación contra la despoblación que elaboró el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y que reconoce la vivienda como uno de los elementos sobre los que hay que actuar, igual que también se proponía mejorar la movilidad, la conectividad o la prestación de servicios en la España rural equiparables al ámbito urbano.

En el caso concreto de la vivienda, el Gobierno identifica varios problemas, como la existencia de numerosas casas cerradas y abandonadas de las que es incluso muy difícil hacer un seguimiento de la titularidad y también sobre el hecho de que en los pueblos no hay promociones de pisos y que quien quiere seguir viviendo en ellos tiene que convertirse en autopromotor, es decir, construirse su propia casa, que es algo que no todo el mundo puede hacer.

Para intentar mejorar esta situación, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, acudió en marzo pasado a inaugurar en Albacete una reunión de la FEMP sobre despoblación y allí planteó la idea de poder utilizar "patrimonio inmobiliario del Estado", edificios "cerrados desde hace años" para reconvertirlos en lugares para vivir, previa cesión a administraciones locales que tuvieran un proyecto sobre qué fin darles.

Entonces, Ribera se refirió concretamente a "cuarteles y edificios de la Seguridad Social cerrados desde hace años", pero la realidad es que, uno tras otro, los distintos ministerios del Gobierno han declarado no disponer de ningún "inmueble en desuso" que poder destinar al plan de Ribera y convertirse en viviendas en lugares afectados por la despoblación. 

Empezando por los titulares de los dos ejemplos que puso la vicepresidenta, el Ministerio del Interior, de quien depende la Guardia Civil y sus cuarteles, y el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones negaron disponer de inmuebles en sendas respuestas a la consulta de este "Tras las pertinentes consultas a los correspondientes Centros directivos, el Ministerio del Interior informa de que este departamento no ha puesto a disposición inmuebles en desuso para rehabilitarlos como viviendas en zonas rurales", respondió el Ministerio de Fernando Grande Marlaska, tras solicitar una prórroga de un mes para recabar la información. 

El Ministerio de José Luis Escrivá explicó en su respuesta que la gestión de su patrimonio corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, acumulado como "consecuencia de un procedimiento de aluvión histórico acontecido a lo largo de las últimas décadas" y que "los fines que afectan a su gestión no incluyen la rehabilitación de inmuebles para luchar contra la despoblación, sino que están referidos a la gestión eficiente y eficaz del mismo y orientados a su optimización y rendimiento económico". "En consecuencia, no hay ningún inmueble que reúna las características de lo que plantea", zanja el Ministerio de Seguridad Social.

El propio Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico también contestó que "no se ha cedido hasta la fecha ningún inmueble" de su propiedad, en una respuesta muy similar -si no totalmente igual- a la que ofrecieron, también a través del Portal de Transparencia, los ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura, Ciencia, Consumo, Cultura, Derechos Sociales, Defensa, Exteriores, Hacienda, Industria, Justicia, Política Territorial, Sanidad, Trabajo y Universidades.

"Desde este Organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED O.A.) no se han puesto bienes inmuebles para su rehabilitación como viviendas en zonas rurales y afectadas por la despoblación", respondió el Ministerio de Margarita Robles. "Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como las Direcciones Insulares, carecen de inmuebles afectados a su servicio que se encuentren actualmente desocupados en 'zonas consideradas rurales o afectadas por la despoblación'", afirmó el Ministerio de Política Territorial, en una repuesta que de manera bastante uniforme se repitió desde otros ministerios.

De forma muy exhaustiva, también el Ministerio de la Presidencia respondió que "no hay constancia de ningún inmueble en desuso de titularidad del mismo en zonas rurales y afectadas por despoblación en dicha situación" de desuso y también cursaron respuesta en el mismo  sentido la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y hasta el CIS, que en respuesta firmada por su presidente, José Felix Tezanos, dejó claro que "este organismo no cuenta con inmuebles públicos en desuso ni en zonas rurales afectadas por la despoblación".

Promesas en vivienda social

En vista de que ningún ministerio parece estar en disposición de ceder inmuebles en zonas despobladas para ser convertidas en viviendas, el programa electoral del PSOE no menciona esta posibilidad, pero sí mantiene los planes de impulsar la vivienda en el mundo rural.  

Promete "vivienda asequible y eficiente para nuestros pueblos" y concreta tres medidas: un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico, fomentar los programas para la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética en pequeños municipios y desarrollar parques públicos de vivienda asequible y que fomenten el alquiler social.

Quien sí recupera la posibilidad de que haya cesiones de inmuebles públicos para ser convertidos en vivienda es Sumar. La candidatura de Yolanda Díaz plantea en su programa "garantizar los usos sociales del patrimonio público en desuso" con "la creación de un banco de recursos de suelo e inmuebles públicos en desuso y el fomento de los comunes urbanos". 

Por su parte, lo que promete el PP en materia de vivienda para "combatir la despoblación y desarrollar la España rural" es bonificar el Impuesto de Trasmisiones y de ACtos Jurídicos Documentados y del IBI "por la compra de una vivienda en el rural" y también impulsará "políticas de rehabilitación de viviendas en los pueblos".

Además de volver a intentar la cesión de inmuebles oficiales, Sumar plantea que también en la España despoblada haya "suelo público destinado al desarrollo de vivienda social pública, alojamientos dotacionales y equipamientos públicos".

Entre planes para vivienda que pasan por luchar contra la okupación, homogeneizar la normativa sobre pisos turísticos, liberalizar para destinar a construcción todo el suelo no sujeto a motivos de seguridad nacional o interés paisajístico y también aumentar el parque de viviendas de protección social, el programa electoral de Vox no incluye ninguna medida específica sobre vivienda en la España afectada por la despoblación.