Primer servicio de la mayoría absoluta que cosechó José Luis Martínez-Almeida el pasado 28 de mayo. Los 29 concejales de los populares han sido suficientes para obtener el dictamen favorable de la modificación de las normas urbanísticas en la comisión extraordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad celebrada este miércoles. Pese al voto en contra de PSOE y Más Madrid, y la abstención de Vox, los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana de 1977 serán elevados al pleno que tendrá lugar el próximo lunes 17 de julio en el Palacio de Cibeles, donde se aprobarán definitivamente.

El salón de la Casa Cisneros disfrutaba de una concurrencia muy poco habitual para una tarde de julio. Razones había. Para empezar, la odisea que ha sufrido esta actualización en las reglas que rigen el urbanismo de la capital, rechazada por la izquierda en bloque a finales de 2022, pero también por Vox, que frenó su tramitación sobre la campana del pasado mayo, pese haberla aprobado inicialmente en 2021. Esta era la tercera vez que llegaba a comisión. Y para premio del delegado del ramo, Borja Carabante, las normas con las que esperan crear cerca 2.000 empleos y 200 millones de euros han visto, de una vez por todas, luz verde.

"Son necesarias y urgentes para transformar la realidad social y territorial de la capital de España", ha advertido Carabante, muy sonriente, a la salida de la comisión. Había cumplido con la misión que le encargó Almeida nada más ser investido alcalde: aprobar las NNUU que regulan, entre otras cosas, las cocinas industriales antes de que decayera la moratoria que impide hasta el 16 de agosto a los empresarios aprovecharse del vacío legal el que estarán sumidos estos locales,  dedicados a la venta a domicilio, sin mesas ni camareros. Aunque la Comunidad de Madrid cuenta con cuatro meses para dar el visto bueno a la regulación, el Ayuntamiento tiene tres para conceder una licencia. Margen suficiente, según el popular, para que "Madrid no se convierta en la ley de la selva", como auguran desde la oposición.

Entre un sin fin de cuestiones, a lo largo de sus 1.800 páginas, la nueva normativa descarta conceder licencia a las también llamadas 'dark kitchen' que estén ubicadas en locales de uso industrial con una superficie superior a 350 metros cuadrados. Pero, sobre todo, obliga a los titulares a habilitar dentro del recinto la zona de carga y descarga y un espacio para que los repartidores entren con sus motos o bicicletas a recoger los pedidos, lo que obstaculiza de sobremanera su labor.

Durante la sesión, tan sucinta como monográfica, los portavoces de los grupos municipales han reprochado al Gobierno municipal su gestión en tiempo y forma. "Lo que el PP llama eliminar burocracia, consiste en eliminar controles. Se pretende vender la ciudad al interés privado sin testigos", ha recriminado el concejal de Más Madrid, Antonio Fernández Heredia. Mientras que el edil socialista Pedro Barrero criticaba que el modelo urbanístico del PP "favorece a los especuladores y a los promotores privados, pero ignorando, a la oposición municipal y la ciudadanía", al rechazar el "80% de los escritos de alegaciones". Coincidían ambos en "el abuso de la mayoría absoluta".

Tampoco se ha mostrado satisfecho con la nueva regulación el representante de Vox, Ignacio Ansaldo, para el que el "documento está cargado de ideología de género y referencias a la Agenda 2030". Idénticos motivos por los que Javier Ortega Smith descartó respaldar las normas antes de los comicios de primavera y tras sendas negociaciones con el anterior delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, prinicipal artífice del texto. 

Si bien lo que será sometido a la votación final del lunes no es una revisión completa del PGOU, un ejercicio que se alargaría durante años, la reforma del documento alberga un gran abanico de cuestiones. Desde la construcción de nuevas viviendas hasta la regulación de los pisos turísticos, en auge en la ciudad, y que se regirán por el Plan de Hospedaje que impulsó Manuela Carmena en el año 2019, exigiendo un acceso independiente al inmueble.

En otro orden de asuntos, la modificación urbanística abre la puerta a que en los suelos de uso dotacional puedan construirse viviendas residenciales en régimen de alquiler y gestión pública. También recoge las nuevas modalidades habitacionales de la ciudad como los llamados coliving y cohousing, donde los inquilinos gozan de habitaciones individuales, pero comparten zonas comunes con otros integrantes en sus viviendas. Y, en suma, bajo el nuevo reglamento, se incentivará a quien apueste por el 'urbanismo verde', no computando como edificabilidad si utilizan cuartos o anclajes para guardar vehículos de movilidad sostenible.